La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por 34 votos en favor y dos en contra, el dictamen que reforma los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir la producción y distribución de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos electrónicos análogos.
Así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo.
A pesar de que todos los grupos parlamentarios votaron a favor del dictamen, excepto dos diputados de Movimiento Ciudadano, los legisladores de oposición refirieron que la prohibición no es la respuesta, sino que debe regularse el uso de vapeadores, porque, en caso contrario, se abre la puerta al mercado negro.
La diputada Cinthya López (PRI) explicó que se debe adoptar una regulación similar a la que se realiza en varias entidades de Estados Unidos, como, por ejemplo, prohibir la venta de tabaco con sabor, regular el líquido que utiliza, los mililitros que pueden utilizar, y no permitir la venta de vapeadores a más de media milla de las escuelas.
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“La venta ilegal de vapeadores en la Ciudad de México es tremenda. Tenemos que regularlo, me parece desatinado ponerlo en la Constitución, creo que la Constitución no es para poner eso, porque entonces, por qué no se prohíbe el tabaco o por qué no se prohíbe el alcohol, o porque no se prohíben las drogas, porque estamos prohibiendo el uso de vapeadores, pero no estamos prohibiendo algunas otras sustancias o algunas otras composiciones que son dañinas para principalmente los jóvenes”, dijo.
El diputado Braulio López Ochoa (MC) aseguró que no existe una respuesta correcta del Estado a cualquier problema de salud pública, y el prohibicionismo no soluciona el problema, en el caso específico de los vapeadores.
“El prohibicionismo lleva a un mercado negro, lleva a que la gente tenga menos información y que haya un control de ese mercado por agentes con actividades ilegales. Creemos que la respuesta está en la regulación y que debemos ir hacia allá”, advirtió.
El diputado Miguel Rodarte (PAN) dijo que el tabaco ya está en circulación en los cigarros, y lo pertinente es regular el uso de vapeadores, y no prohibirlo, porque no tienen ningún control de calidad y hay sustancias, más allá de la nicotina, que se utilizan en los dispositivos, que pueden causar daño a los usuarios.
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“Nosotros vamos con ustedes en el tema, de esta intención de proteger a las y los mexicanos, pero vamos a presentar una reserva, en la cual estableceremos nuestro punto de vista, en específico, sobre cómo se debe regular este tema y cómo se debe plantear la prohibición y sanción de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas”, expuso.
La diputada Adriana Bustamante (Morena) culpó a los gobiernos federales anteriores, priistas y panistas, de permitir que la industria de los vapeadores se expandiera y se introdujera en nuestro país, “ignorando y subestimando las consecuencias adversas para la salud”.
“La industria de los vapeadores y los cigarros electrónicos genera a las empresas que los producen y comercializan, alrededor de 5 mil millones de pesos anuales, y han estado protegidas en México, incluso, por el Poder Judicial. En 2023, la misma Corte amparó a una empresa contra el decreto emitido por el Ejecutivo federal, que prohibía la venta de vapeadores, y es ese el origen de que estemos analizando hoy una iniciativa constitucional; ustedes orillaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a poner este tema en la Constitución, porque la Corte lo declaró inconstitucional”, dijo.
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