En el Senado de la República, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron la reforma al artículo 19 de la Constitución, a fin de ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Con 22 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 10 en contra por parte de senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, se turnó a la Mesa Directiva la reforma que amplía el catálogo de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa, entre otros la extorsión, producción de drogas sintéticas como el fentanilo, distribución de precursores químicos, contrabando y comprobantes fiscales falsos.

La reforma, que se prevé sea aprobada esta semana en el pleno, destaca que también ameritan prisión preventiva oficiosa los delitos graves contra la salud, contra el libre desarrollo de la personalidad, así como el contrabando.

La senadora del PRI Claudia Anaya dijo que “cada vez que se le mete mano al artículo 19 es para dejarlo peor. Porque esta medida cautelar se ha utilizado a tal exceso que hay personas que han durado en la cárcel sin sentencia 17 años, y por esa razón es que la Corte Interamericana nos ha dicho que hemos sobreutilizado la figura, que no la estamos usando de manera excepcional”.

Ricardo Anaya, senador del PAN, indicó que “la prisión preventiva automática viola la presunción de inocencia y, por lo tanto, es violatoria de los derechos humanos”, porque una cosa es la prisión preventiva como medida cautelar cuando se justifica, y otra cosa muy distinta es hacer un catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso, sin sentencia, sólo por estar acusada (...) de uno de esos delitos se vaya dos años a la cárcel”.

La senadora por MC Alejandra Barrales expuso que la reforma es una violación flagrante de los derechos humanos, “ya que le quita a las personas la presunción de inocencia a la que todas, todos, tenemos derecho ante algún señalamiento, porque simple y sencillamente se envía a prisión a las personas sin haber sido juzgadas”.

Luis Alfonso Silva, senador del Partido Verde, defendió la reforma del expresidente López Obrador al argumentar que son tres los delitos fundamentales que ha considerado el extitular del Ejecutivo, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante los que es necesario actuar con una mayor certidumbre y firmeza, dijo, desde todos los ámbitos institucionales.

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