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A pesar del voto en contra del PAN y del Partido Encuentro Social, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó su opinión a favor para que sea avalada la iniciativa en materia de interrupción legal del embarazo a nivel nacional.
Esta opinión es favorable para que se avale la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Salud y que está pendiente de dictaminarse y que garantiza los derechos sexuales , reproductivos y pugnar por una libertad de conciencia y que las instituciones de salud realicen sin objeción la interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo soliciten.
La presidenta de la Comisión, Wendy Briseño (Morena) dijo: “Coincidimos con esta propuesta, toda vez que abona al avance de los derechos de las mujeres y en lo establecido en diversos tratados y criterios de órganos internacionales”.
Refirió que las integrantes de esta instancia legislativa proponen algunas modificaciones para que las instituciones de salud cuenten con personal no objetor de conciencia para llevar a cabo este procedimiento, el cual deberá ser hasta las doce semanas.
Asimismo, que quienes soliciten la interrupción del embarazo se les otorgue consejería médica y social con información veraz y oportuna. Además, en los transitorios se establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto una vez entrado en vigor.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Salud , Miroslava Sánchez Galván (Morena) comentó que con la aprobación de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México se logró que este procedimiento se lleve a cabo en las mejores condiciones sanitarias y de acorde con respeto al derecho humano a la salud.
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Agregó que la interrupción del embarazo sigue causando una de cada 13 muertes maternas; no obstante, en la Ciudad de México después de su legalización no ha reportado ninguna defunción a casa de este procedimiento.
Añadió que las persistentes restricciones legales en el país ponen en riesgo a las mujeres y los profesionales de la salud al ser criminalizados y perseguidos penalmente, por lo que es ineludible tomar una visión de progresividad en la defensa de los derechos humanos de quienes optan por realzar la interrupción del embarazo.
Cabe recordar que las únicas dos entidades del país en las que no está penalizado el aborto son la Ciudad de México y recientemente, Oaxaca.
En contra
Al respecto, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) mencionó que el primer derecho a la persona es la vida, por lo que se pronunció en contra de esta opinión y preciso que se debe trabajar y legislar en la prevención del embarazo adolescente y los no deseados; a través de la impartición de educación sexual, paternidades responsables y mejorar los procesos de adopción.
La diputada de Encuentro Social, Adriana Paulina Teissier Zavala indicó que su postura es en sentido negativo, toda vez, que todo individuo tiene derecho a la vida y el aborto es la muerte de un ser vivo y constituye la intención de acabar con una vida humana.
En representación de Morena, la diputada Sandra Paola González Castañeda expuso que en un país que ocupa el primer lugar en embarazo infantil a nivel mundial, es urgente realizar una política pública que brinde esta atención médica.
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La legisladora Cynthia Iliana López Castro (PRI) aseguró que urgente atender este problema de salud y que miles de mujeres han solicitado su legalización y con ello evitar los abortos clandestinos, los cuales se realizan en lugares sin higiene y control sanitario.
El diputado de Encuentro Social, Ernesto Vargas Contreras concedió en que se debe tratar este problema de salud pública; sin embargo, propuso pedir al Estado que destierre la condición socio-política y económica que genera en la mente de la mujer como una opción; es decir, que existan políticas públicas orientas a evitar el embarazo adolescente y los no deseados.
Por el PAN, La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo dijo que con esta reforma se atiende la consecuencia no las causas, porque una verdadera política pública no busca dar respuesta paliativa. “No se trata de un tema moralista, sino de derechos manos”.
La diputada Sin Partido, Ana Lucia Riojas Martínez opinó que esta reforma evitará que se criminalice a las mujeres que interrumpen el embarazo y que estos procedimientos se realicen de forma segura e higiénica.
La legisladora panista, Sarai Núñez Cerón dijo que la interrupción del embarazo es claramente un homicidio intrauterino. “No es posible que en un país bañado en sangre e impera la cultura de la muerte se insista en proceder a favor del aborto, nuestra obligación como diputados es proteger el derecho a la vida”.
