Por motivos de seguridad nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reservar los contratos y comprobantes de pago de las vacunas contra Covid-19 adquiridas por el gobierno federal.
Se trata de pagos realizados a las farmacéuticas Pfizer, Cansino y AstraZeneca, cuyos recibos fueron solicitados por un ciudadano vía transparencia.
En mayo de 2021, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó entregar una versión pública de los documentos requeridos y reservar sólo por dos años las condiciones contractuales suscritas por el gobierno mexicano con las farmacéuticas y los comprobantes de pago.
Pero el consejero jurídico de Presidencia tramitó dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional para evitarlo.
El consejero jurídico alegó que difundir los comprobantes de pago implica un riesgo real, demostrable e identificable a la seguridad nacional por las cláusulas de confidencialidad incluidas en los contratos, cuya violación puede provocar la terminación de los mismos o responsabilidades para el gobierno federal.
Este lunes, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó los dos proyectos de resolución, avalados por sus compañeros en el pleno para mantener reservada dicha información por poner en riesgo la seguridad nacional.
“Se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país; no obstante, no implica que los aspectos no referidos a estas condiciones esenciales deban seguir la misma suerte, esto es, que no puedan generarse versiones públicas del contenido restante de los contratos”, señaló el ministro.
“Se propone determinar la reserva de las condiciones esenciales de contratación por un periodo de cinco años desestimando así los dos años determinados por el instituto, pues sería incorrecto asumir que, en el lapso de dos años habrán concluido las negociaciones con las farmacéuticas o, incluso, que ya no será necesario el abastecimiento de vacunas contra el coronavirus”.
En relación con la difusión de los comprobantes el ministro consideró que también infringe las cláusulas de confidencialidad contenidas en los contratos.
“Se actualiza la reserva de los documentos solicitados por causa de seguridad nacional, pues la documentación requerida refleja información alfanumérica sobre el pago por la adquisición de las vacunas; es decir, información generada a efecto de lograr el suministro de vacunas. Se estima que la publicación de los comprobantes de pago puede poner en riesgo la seguridad nacional, toda vez que fue pactada por las partes de las obligaciones sinalagmáticas como confidencial, lo que implicaría la generación de distintas consecuencias negativas para el Estado contratante mexicano”, precisó el ministro Pardo.
La propuesta fue avalada por mayoría de votos, con lo que la Corte concluyó los dos primeros casos sometidos a su consideración sobre la compra de vacunas contra Covid-19.
La Corte tiene una veintena más de recursos similares a los que el pleno resolvió este lunes, relacionados con datos como lotes recibidos, dónde fueron aplicadas, cuántas dosis contiene cada lote, ubicación de las mismas, entre otros.
Luego de esta definición de los ministros, el INAI dio a conocer que respetará las resoluciones emitidas por el pleno.
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