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La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece como facultad del titular del Poder Ejecutivo federal promover el derecho a la inclusión y a la no discriminación de las personas con discapacidad mediante campañas de difusión y divulgación, a efecto de sensibilizar sobre la circunstancia de las personas con discapacidad y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.
El documento, avalado por 469 votos, adiciona la fracción XIII al artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Menciona que, pese a los avances legislativos y los instrumentos internacionales que el país ha asumido, aún no hay suficientes acciones públicas que eviten la discriminación y fomenten la inclusión de las personas con discapacidad, sea cual fuere ésta.
“No hay difusión suficiente en la lengua de señas, no hay suficientes animales de compañía y disposición de aceptarlos en los distintos comercios privados y oficinas públicas, no hay suficiente comunicación en lengua braille, no existen protocolos ni capacitación para recibir, atender y comunicarse con personas de talla pequeña, en silla de ruedas, sordomudo o invidente”, añade.
Las reformas, indica, se inscriben en las acciones legislativas afirmativas de inclusión a las personas con discapacidad, en el concierto de lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Máxima calidad de vida para PCD
En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), destacó que se analizaron tres iniciativas sobre las facultades del Titular del Ejecutivo en materia de atención a la discapacidad.
Precisó que el agregado a la ley es importante para normalizar las distintas características de la condición humana, con la intención de buscar la máxima calidad de vida para las personas con discapacidad, su inclusión plena y sin discriminación.
Se busca que el Poder Ejecutivo implemente políticas públicas que promuevan la vida independiente y sin discriminación de las personas con discapacidad. “En el marco de la recepción del Presupuesto de Egresos para el próximo año fiscal, esperemos se respalden las propuestas con presupuesto a estas políticas de inclusión social”, puntualizó.
Por su parte, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) expuso que las personas con discapacidad son titulares de derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y en diversos tratados internacionales, y la lucha por su inclusión debe ser una prioridad en las sociedades democráticas.
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