Con el rechazo de la oposición, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, aprobaron la reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero, para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
El dictamen, que modifica el artículo 19 de la Carta Magna para establecer prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por los delitos de extorsión; narcomenudeo y producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas, como el Fentanilo; delitos de defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes para combatir a las llamadas “factureras”, fue avalado por 26 votos a favor y 14 en contra.
En el debate, la oposición aseguró que la reforma es violatoria de los derechos humanos, y advirtieron que con ello se incrementará el número de personas inocentes en las cárceles, principalmente quienes son de escasos recursos.
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“La discusión está en el modelo de protección de derechos Humanos, en el caso de extorsión les digo que el Limón ya trae cuatro pesos por kilo de narco-inflación, entonces el tema no es de “vamos a darle prisión preventiva”, el tema es que vayan y los pesquen. Yo llamaría a reflexionar porque además con estamos contraviniendo la reforma de Justicia penal que prioriza la presunción de inocencia”, declaró el diputado priista, Rubén Moreira.
En su oportunidad, el legislador panista, Santiago Torreblanca, expuso que siete de cada 10 personas que están en prisión preventiva son pobres, personas indígenas y con nivel de estudios máximo de secundaria: “Esas son las personas que están deteniendo, no a los grandes capos”
Paulina Rubio, también del PAN, coincidió en que lo más grave de la reforma “es que atenta contra los más pobres”.
“Les voy a dar algunos datos, de acuerdo al Inegi al corte de 2022 se registraron un total de 226 mil personas privadas de la libertad, y cuatro de cada 10 personas que están en prisión no cuentan con una sentencia, es decir, se encuentran en prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva viola los derechos humanos y genera efectos perversos en las fiscalías porque las vuelve ineficientes, las vuelve lentas, las vuelve opacas”, declaró.
Por su parte, Braulio López, de Movimiento Ciudadano, expresó que la reforma genera una falsa imputación de delitos a las y los ciudadanos.
“Desde la ONU han declarado la urgencia de eliminar la prisión preventiva oficiosa, en sentido similar se han pronunciado el Comité de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sentenció.
En favor del proyecto, el diputado Caro Cabrera, de Morena, dijo que nadie debería estar en contra de castigar a los delincuentes que cometen delitos como la extorsión, narcomenudeo, y defraudación fiscal, entre otras.
En tanto que el morenista Ismael Brito, agregó que solo en materia de defraudación fiscal, en 2017 se detectaron 22 millones que ascendieron a 93 mil millones y no pagaron impuestos, por los que se pudieron recuperar 55 mil 125 millones de pesos.
Tras su aprobación en lo general, se procedió a la discusión y votación en lo particular.
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