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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer con 237 votos de Morena, PT, PES y PVEM reformas por las que se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y oficialmente desaparecerá el Seguro Popular, enmiendas que fueron remitidas al Senado para su análisis.
El Insabi proporcionará servicios de salud y medicamentos gratuitos a los mexicanos que carecen de seguridad social, con lo que se elimina la cuota familiar que se pagaba por el servicio.
La aprobación se dio en el Día del Médico, fecha que el PAN declaró funesta por la muerte del Seguro Popular. “¡Aguas, mexicanos, su salud está en riesgo!”, alertó el diputado blanquiazul Éctor Ramírez.
Según la mayoría de la 4T legis-
lativa, que avaló las enmiendas, no se descuidará a la población que no tiene Seguro Social, pues se conservará el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) —creado en sexenios pasados para dar servicios de alta especialidad a pacientes con enfermedades de alto costo, como cáncer—, pero cambiará de nombre a Fondo de Salud para el Bienestar (FSB).
Las enmiendas a la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud fueron rechazadas con 82 votos de PAN y PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes centraron la discusión en que el Insabi será inviable financiera y operativamente, por la centralización de los servicios de salud y la “opacidad” con que se administrarán sus recursos.
Conforme a lo aprobado, el Insabi se financiará con 40 mil millones de pesos del FPGC, que ahora será el FSB.
La oposición cuestionó que si bien el fondo citado tiene 102 mil millones de pesos, 50% está comprometido y se le quitarán esos 40 mil millones de pesos, con lo que se quedará en 20 mil millones de pesos para gastos catastróficos, sin prever cómo se capitalizará a futuro, pues se eliminó la cuota por persona, que se sumaba a la aportación solidaria estatal.
“Hoy dicen que van por gratuidad, que será universal, que será para todas las enfermedades. Bravo […] pero para soñar hay que presupuestar”, reclamó la priista Claudia Pastor.
“Se amplían las enfermedades y las obligaciones, pero mochan el fondo […] quedarán sólo 20 mil millones de pesos, mucho menor con más responsabilidades y población mayor, será inviable”, expuso Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano. “Quisiéramos que el dinero se generara en los árboles, pero es imposible”, dijo Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI).
Pero la mayoría de la 4T legislativa avaló las enmiendas tal cual, con sólo tres cambios, uno para que el informe de operación sea hasta el tercer año y otro, planteado por el diputado Manuel Huerta, para que los estados sean corresponsables y no dejen de aportar los recursos financieros que les toque, en caso de que suscriban convenios con el Insabi.
Para obligarles a cubrir su aportación, se estableció que la Federación “podrá tomar con fuente de pago las participaciones estatales” para cubrir la respectiva aportación. Eso será una especie de “sanción” si incumplen, dijo la diputada Miroslava Sánchez, de Morena, presidenta de la Comisión de Salud, lo que evitará que intenten boicotear al Insabi.
También se reformó la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para permitir que éstos presten servicios de alta especialidad mediante “contratos con personas morales de carácter nacional e internacional, público o privado”, a cambio de una contraprestación.
