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El pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad la reforma al Código Fiscal de la Federación para castigar con hasta seis años de prisión a quien expida o venda facturas falsas a las grandes empresas que pretendan evadir impuestos.
La minuta, que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, prevé adicionar el artículo 113 bis al Código Fiscal para quien cometa el delito de vender las facturas, pero mantiene la pena de tres meses a seis años de prisión a quien las compre.
Durante su intervención en la máxima tribuna del país, la presidenta de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, Patricia Terrazas, sostuvo que la evasión de impuestos es una práctica que reduce significativamente el potencial de recaudación de la administración pública federal.
La legisladora del PAN también adelantó que los diputados de la comisión presentarán una iniciativa tendiente a avanzar en las medidas para el combate a ese delito.
La propuesta obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, los que confluyeron en que no puede castigarse igual la acción de falsificar la factura que quien la compre, pues quien pretenda adquirirlas se topará con que ya no hay venta.
Durante la discusión en el pleno de la Cámara Baja, el diputado del PRI Fernando Galindo Favela detalló que tan sólo de 2010 a 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a más de 8 mil empresas que cometieron algún acto delictivo en defraudación fiscal.
La diputada de Encuentro Social Adriana Lozano sostuvo que quien pretenda engañar al fisco deberá “pensarlo dos veces”, pues podría “perder años de su vida por ganar unos cuantos miles de pesos”. Por lo que el “negocio de robarle a todos pagando menos impuestos dejará de ser viable”.
Inducción del voto. También, el pleno de San Lázaro aprobó con 423 votos a favor reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para sancionar hasta con un millón de pesos a los servidores públicos que presionen o induzcan el voto de los electores.
El documento que fue enviado al Senado abre un capítulo de sanciones a los servidores públicos y los delitos electorales tendrán sanciones desde una amonestación pública y una multa mínima que va desde los 5 mil días a los 10 mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México.
En caso de reincidencia al servidor público se le sancionará con el doble de la multa originalmente impuesta. En otra modificación, en el artículo 457 se agrega que esto será sin menoscabo de la aplicación de la sanción administrativa en materia administrativa electoral.
“Sometemos a su consideración un proyecto que busca ampliar la certeza jurídica de los gobernados y perfeccionar nuestro marco jurídico electoral. En lo que hace al artículo 456, se busca incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de recursos públicos, estableciendo las sanciones correspondientes.
“En lo tocante al artículo 457, se dispone que, sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, éstos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que de la misma conducta deriven. Siendo en el caso de estas últimas, es obligatorio presentar las denuncias o querellas conducentes ante el agente del Ministerio Público o autoridad administrativa competente”, explicó la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera (Morena).
Eliminar pluris. A su vez, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier Carrillo, presentó una iniciativa para eliminar a los 32 legisladores plurinominales que tiene el Senado de la República, así que pretende que sólo sean 96 representantes en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
Con la propuesta de modificación a dos artículos de la Constitución, el 56 y el 63, la legisladora pretende reducir el “gasto excesivo” en el sueldo de los legisladores, ya que, advirtió, tan sólo en los seis años que dure la 64 Legislatura se erogarán cerca de un billón 200 mil millones de pesos.
