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El Senado de la República aprobó un proyecto para garantizar que las personas indígenas y afromexicanas puedan contar con un intérprete, traductor y un defensor de carácter público, que conozca su lengua y su cultura, como parte de su asistencia jurídica.
La reforma busca que se diseñen programas de certificación y acreditación de técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües, que integren el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.
Además, que estos especialistas sean conocedores de la cultura de que se trate y estén debidamente capacitados en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.
El proyecto de decreto que modifica la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la Ley Nacional de Ejecución Penal, fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Al respecto, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, indicó que esta reforma es positiva; sin embargo, señaló que es necesario destinar mayores recursos para las organizaciones de traductores de lenguas indígenas, pues tendrán más trabajo cuando se apruebe el proyecto.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, señaló que las comunidades indígenas y afromexicanas han enfrentado desafíos significativos a lo largo de la historia, como la discriminación, la marginación, la pérdida de sus tierras y la erosión de su cultura, de ahí que sea necesario romper las barreras para que accedan a la justicia y a los servicios de salud.
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