El pleno del Senado avaló, con el voto en contra de la oposición, el primer informe semestral de las acciones que llevan a cabo el Ejército y la Marina en materia de seguridad pública, donde evidenciaron omisiones por parte de los gobiernos federal, estatales y municipales en la información que puede determinar en qué entidades se puede retirar a las fuerzas armadas de esas funciones.
La Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública realizó el dictamen que fue aprobado con 59 votos a favor de Morena y sus aliados; así como 33 en contra de la oposición, ello en medio de un debate sobre la militarización del país durante el sexenio del presidente López Obrador.
Dicho informe es un análisis del estado que guardan las instituciones de seguridad pública en todo el país en el periodo del 19 de noviembre de 2022 al 19 de mayo de 2023, pero en el mismo se advierten omisiones y se emiten recomendaciones a los tres niveles de gobierno.
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Se advierte que no existen condiciones de juicio suficientes para señalar las entidades federativas “donde deje de ser requerida la presencia de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, toda vez que la toma de decisiones sobre su retiro implica un análisis detallado y multidimensional de la situación específica de cada entidad, así como una evaluación continua de los resultados y la seguridad a largo plazo”.
Realizan 24 recomendaciones a la SSPC
La Comisión exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en los subsecuentes informes, integre la información con la que cuente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, se solicita a los gobernadores para que, en el plazo máximo de 70 días, contados a partir de la aprobación del dictamen, presenten la información relativa al cumplimiento de las obligaciones conferidas en el artículo séptimo transitorio del decreto de 26 de marzo de 2019, relativo a los siguientes rubros:
El diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
¿Fuerzas Armadas se retiran de tareas de seguridad pública?
Ruta para determinar de forma anual donde ya no es necesaria la presencia de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad pública, otorgando a las policías civiles su papel y fortalecimiento en materia presupuestal para policías locales.
Además, se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años subsecuentes, se destinen recursos específicos al Fondo Permanente de Apoyo a las Entidades Federativas y Municipios para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en el país.
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Emilio Álvarez Icaza, lamentó el pacto cívico-militar para una cogobernanza del presidente Andrés Manuel López Obrador con los militares y criticó que hoy la Guardia Nacional se utilice para perseguir a migrantes.
Damián Zepeda, del PAN, expuso que “la Guardia Nacional es responsable, según su informe, de al menos dos por ciento de las detenciones de este país, es increíble, ridículo, no están deteniendo a los delincuentes. No es cierto, saben que tan sólo son responsables de bloquear alrededor de 80 millones de dólares, solamente en dos años. Se ríe, se carcajea del crimen organizado. Eso lo sacan en una vuelta”.
Mario Zamora, del PRI, dijo que “no podemos evaluar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública con información incompleta y cuando la realidad dista mucho de las cifras oficiales”.
La senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu, apuntó que “durante más de cuatro años la Guardia Nacional ha sido la columna vertebral del proyecto del Ejecutivo Federal para dejar la seguridad pública bajo el control de las Fuerzas Armadas. Hasta le fecha más del 70 por ciento de los elementos que conforman la Guardia Nacional provienen del Ejército mexicano o de la Marina Armada de México, menos de la mitad tienen el certificado único policial para poder actuar como policías civiles”.
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