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El Senado aprobó la llamada Ley Nieto que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias sin mediar la orden de un juez.
El dictamen que pasó en el pleno del Senado con 45 votos a favor y 27 en contra, permite bloquear las cuentas y operaciones bancarias de personas que estén siendo investigadas por terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este bloqueo se realizará con base en una lista de sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo que integrará la propia UIF. Todo ello se deriva de la obligación que tiene México por su participación en compromisos internacionales sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“El precepto tiene por objeto que las instituciones de crédito suspendan de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la SHCP les informe mediante una lista de personas bloqueadas, que es confidencial, con el fin de prevenir actos, operaciones o emisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda o auxilio en la comisión de delitos”, explicó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera.
Esto permitirá que se suspendan de forma inmediata las operaciones del cuentahabiente enlistado, y que le sea imposible la apertura de nuevas cuentas y la disposición de los recursos, es decir, negarles el acceso a la banca mientras esté en la lista de personas bloqueadas.
Los senadores modificaron la minuta que les envió la Cámara de Diputados para conceder derecho de audiencia para que las personas afectadas por esta determinación de la UIF puedan presentarse ante esta misma instancia y defender sus casos. Fue enviada a San Lázaro para la revisión de las modificaciones.
La minuta fue enviada por la Cámara de Diputados y analizada en el Senado en comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, y de acuerdo con el presidente de la primera, Alejandro Armenta Mier, tiene el propósito de combatir la corrupción y garantizar que todas las personas y empresas paguen sus impuestos.
También se establecen mecanismos legales para favorecer la detención de estas personas, y se reforma la Ley de Instituciones de Crédito para armonizar los criterios judiciales en la materia: “No es un tema de partidos, tenemos que poner orden. Esta modificación busca garantizar los derechos, se respetarán los derechos procesales comenzando por la garantía de audiencia y que sean incluidos en la lista a las personas bloqueadas por procedimientos o por sospecha que la autoridad administrativa hace en el caso de la evasión fiscal”, dijo al presentar la minuta.
“Se acabaron los privilegios y las facultades presidenciales tóxicas que representaban que en lo oscurito se podía acordar la condonación de impuestos. Eso es fundamental”, precisó.
No todos los senadores estuvieron a favor del dictamen de la minuta. Damián Zepeda, del PAN, consideró que se debe combatir el crimen en cualquiera de sus modalidades y se deben utilizar mecanismos financieros para reducir la influencia de los grupos criminales.
Expuso que no se le deben dar facultades que no le corresponden a la UIF sin control judicial: “El Poder Ejecutivo no es juez, los jueces existen para valorar si hay elementos para declarar culpable a alguien”.
