Tras más de cinco meses paralizado por la falta de quórum, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) volverá a sesionar la próxima semana, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le autorizó hacerlo provisionalmente con cuatro de los siete comisionados que integran el pleno.
Por mayoría de tres votos contra uno, la Segunda Sala concedió al Inai la suspensión provisional solicitada en la controversia constitucional 280/2023 presentada en marzo para el efecto de que pudiera retomar sus funciones constitucionales, que la ministra Loretta Ortiz Ahlf le negó en principio como encargada de atender la impugnación.
Al resolver el recurso de reclamación que el organismo interpuso contra la resolución de Ortiz Ahlf, emitida en abril, la Segunda Sala determinó que resultó inviable paralizar el funcionamiento del organismo autónomo garante de la información y de protección de datos personales, ya que tanto la Constitución como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen un diseño normativo para evitar que ocurran vacantes prolongadas en el pleno del Inai.
En su fallo, consideró que la parálisis en el instituto, provocada por la falta de nombramientos de los comisionados en el Senado de la República, violó de manera cotidiana y reiterada el derecho a la información y el derecho de protección de datos personales de miles de ciudadanos que no obtuvieron respuesta a sus peticiones en los plazos establecidos por la ley.
La decisión de la Segunda Sala tendrá efectos hasta que el Senado designe, cuando menos, a uno de los tres comisionados faltantes para que el Inai alcance el quórum necesario para continuar con sus funciones constitucionales plenas.
Desde abril pasado el Inai se quedó con sólo cuatro comisionados en pleno, tras la conclusión del cargo de Francisco Javier Llamas, con lo que ya no pudo sesionar de manera ordinaria por falta de quórum.
Los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales votaron a favor del proyecto de su homólogo Javier Laynez Potisek, quien propuso validar el recurso reclamación del Inai, al considerar fundados sus argumentos.
En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra y la ministra Loretta Ortiz Ahlf no asistió a la sesión porque se encuentra de vacaciones.
En su edición del pasado 17 de agosto, EL UNIVERSAL publicó que del 1 de abril al 15 de agosto, tiempo en el que el Inai no pudo sesionar, se acumularon 8 mil 28 impugnaciones, es decir, posibles omisiones o deficiencias en las respuestas que los sujetos obligados otorgan a las solicitudes de acceso a la información pública.
En ese periodo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, encabezado por Blanca Lilia Ibarra Cadena, detectó que 351 dependencias, entre organismos y sindicatos, fueron objeto de diversas impugnaciones.
Los más señalados fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 960; la Secretaría de Educación Pública (SEP), 490; Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 369; Fiscalía General de la República (FGR), 341; Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 309.
En marzo de este año, el Instituto Nacional de Acceso a la Información interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 280/2023, en la que demandó la omisión del Senado de la República para nombrar a tres comisionados y solicitó al Máximo Tribunal del país sesionar con su integración actual, misma que admitió a trámite la ministra Loretta Ortiz, quien negó la suspensión provisional.
Tras esta decisión, el Inai presentó un recurso de reclamación que fue turnado al ministro Javier Laynez Potisek.
En julio pasado, el pleno de la SCJN desechó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que planteaba declarar infundada la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia contra la omisión del Senado en el nombramiento de los comisionados faltantes.
Por mayoría de ocho votos contra tres, el pleno determinó que sí hay omisión del Senado en los nombramientos. Contrariamente a lo señalado por la ministra Loretta Ortiz, la mayoría de los ministros del Alto Tribunal coincidieron en que la demora en los nombramientos de comisionados no tiene justificación alguna y el Senado debe ejercer su facultad de designación.