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Como si se tratara de una bomba de tiempo, en los primeros nueve meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han detonado 11 crisis en el sector Salud, en su mayoría relacionadas con la austeridad republicana, pero no por falta de recursos, sino por el ejercicio de éstos, coinciden especialistas, quienes también consideran que un rasgo de esta administración es tomar las calles, pues ha servido para solucionar las problemáticas.
“Es claro que la austeridad tiene que ver con los problemas en Salud, pero porque los procesos administrativos han cambiado; se dieron modificaciones sin un diagnóstico de cómo afectarían. No es un problema por falta de dinero —el presupuesto de Salud es prácticamente el mismo que el año pasado—, sino por cómo se ejercen los recursos”, comentó Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Secretaría de Salud recibió 124 mil 266 millones 865 mil 116 pesos para 2019, un incremento de 652 millones 78 mil 402 pesos, comparado con la cantidad de 2018. Según el Primer Informe de Gobierno, en lo que va de la actual administración se han ahorrado 3 mil 921 millones de pesos en compra de medicamentos; sin embargo, la dependencia encabezada por Jorge Alcocer Varela ha estado en el ojo del huracán en más de una decena de ocasiones.
La primera crisis se desató el 9 de abril: médicos residentes marcharon hasta el Zócalo capitalino para denunciar un retraso en sus pagos y el descuento de un bono que les depositaron en diciembre de 2018. Al no llegar a acuerdos, el 12 de abril anunciaron un paro de labores hasta que Salud les diera respuesta. Pedro Flores, titular de Administración y Finanzas, se encargó de apagar el incendio: recibió a los demandantes y se comprometió a realizar los pagos correspondientes.
En abril, mayo y junio fueron los mayores conflictos: pacientes con VIH bloquearon Paseo de la Reforma para exigir abasto de medicamentos antirretrovirales; en un acto sin precedentes, directores de nueve Institutos Nacionales de Salud denunciaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló recursos aprobados en el PEF, por lo que apenas tenían dinero para operar durante dos meses.
En junio se informó que los pasantes de Medicina sólo recibirían becas si hacían su servicio social en zonas rurales, lo que provocó que en agosto marcharan al grito de: “¡Ninis con sueldo, pasantes sin presupuesto!”. El último escándalo sucedió la semana pasada: familiares de niños con cáncer cerraron accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para demandar el abasto de metotrexato, crisis que se agravó cuando Alcocer Varela dijo que eso “no era una urgencia médica”; no obstante, el funcionario se disculpó y garantizó más medicinas.
Al inicio de la Cuarta Transformación, IMSS e ISSSTE también protagonizaron crisis: el 23 de abril, Pedro Zenteno Santaella, director de administración y finanzas del ISSSTE, reveló que el instituto estaba en riesgo de quiebra; casi un mes después, y tras denunciar una “injerencia perniciosa” por parte de la SHCP, Germán Martínez Cázares renunció a la Dirección General del Seguro Social.
Para Rodolfo de la Torre, en la 4T salir a manifestarse ha sido clave para obtener respuestas favorables, y reconoció que la denuncia desde el interior del sistema de Salud ha cobrado un papel fundamental para que las autoridades atiendan las demandas, ya que no se quedan en “quejas ciudadanas”.
“Ha habido dos tipos de presiones: la de integrantes del sector Salud y la que surgió de manera externa por parte de los usuarios o de aquellos que sufren el desabasto. Creo que esta combinación, recogida en los medios de comunicación e investigada por organizaciones de la sociedad civil, ha generado lo suficiente para que se voltee a ver al sector de manera distinta y no se piense que sólo son pacientes quejosos”, dijo.
Karen Arteaga, integrante del Comité de Comunicación de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, comentó que los profesionales de la salud no culpan al gobierno federal de “todo lo malo que pasa en el sector Salud”, ya que desde administraciones anteriores hay deficiencias graves, “pero las medidas de austeridad son las que más han reflejado un impacto negativo, por eso nos manifestamos”, expresó.
La jefa de residentes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) resaltó que la molestia no se debe a la austeridad en sí, sino a que los recortes se han dado a “rajatabla” y sin explicar qué se hará con el dinero.
“Al arrancar la Cuarta Transformación empezaron recortes presupuestales, de personal, retrasos de pagos a residentes (...) [pero] sólo se informaba, sin [decir] por qué ni para qué”.
A su vez, Gustavo Leal Fernández, investigador en Políticas de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, señaló que si bien la austeridad ha impactado de manera directa en las crisis de salud, también se ha buscado la manera de dar soluciones a largo plazo.
“Creo que ha habido un malentendido [con] la austeridad: la problemática [es por] cómo se ejercen los recursos: al no dar explicaciones, los pacientes y profesionales de la salud entran en descontento, pero creo que habrá que darle tiempo a la actual administración y evaluar las mejoras que puedan traer estas medidas”, subrayó.
Tras el Primer Informe de Gobierno, los especialistas advierten que el principal reto en materia de salud para el Presidente será dar acceso a los servicios sanitarios a 20 millones de personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social y detallar cómo se reorganizará el sistema.
“El Instituto de Salud para el Bienestar podría tomar bajo su mando clínicas y crear convenio con otras, pero no existen los recursos suficientes para mejorar drásticamente la atención, o por lo menos no nos han explicado cómo lo harán”, señaló De la Torre.
Gustavo Leal coincidió y destacó que no sólo se debe incorporar a los 20 millones de mexicanos sin seguridad social, sino que el gobierno debe garantizar una atención de calidad en el IMSS y el ISSSTE.
“Los retos principales para esta administración son dar atención a la población abierta (...) y que los derechohabientes del IMSS e ISSSTE reciban una atención de primer nivel”.
