Tras concluir una visita al Senado de la República, donde se reunió con diversos legisladores para denunciar la “narco elección” del 6 de junio en su estado, el gobernador de Michoacán , Silviano Aureoles Conejo , negó tener “cola que le pisen” o vínculos con el crimen organizado, pues nunca ha aceptado “ninguna componenda” o llamada telefónica con grupos criminales.
En conferencia de prensa, el gobernador michoacano informó que no ha recibido amenazas de los delincuentes, a quienes dijo no tenerles miedo, a pesar de que quisieron asesinarlo en 2011 cuando fue candidato a gobernador.
Señaló que hay versiones de que iniciará la persecución política contra él desde Palacio Nacional. “No le tengo miedo ni a una cosa, ni a la otra. Temor como cualquier vivo sí, pero no voy a permitir que el miedo, el temor, me paralice. Lo que está en juego es mucho”, subrayó.
Con un legajo de supuestas evidencias bajo el brazo, el mandatario estatal insistió en que en Michoacán, el crimen organizado inclinó la elección del 6 de junio en favor de los candidatos de Morena, al obligar a los votantes a apoyar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Insistió en que de mantenerse los resultados oficiales, “regresará a Michoacán el narcogobierno, porque se metieron los grupos delincuenciales para amenazar y obligar a la gente a votar por Morena y sus candidatos”.
Como ejemplo de las irregularidades, Aureoles señaló que la elección en La Huacana, Morena obtuvo el 83.5% de los votos para gobernador y 78.6% en Mújica, donde votaron más del 80% de los ciudadanos inscritos en el padrón y todos los sufragios fueron para Morena.
Horas antes de interponer formalmente ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) una denuncia para que se indague la participación del crimen organizado en los comicios de Michoacán, Aureoles Conejo presentó a los legisladores una propuesta de reforma penal.
Destaca una reforma para que la SEIDO tenga competencia para investigar los resultados de la fiscalización de los candidatos y la adecuación del Código Nacional de Procedimientos Penales “para requerir la protección de víctimas, testigos y denunciantes de corrupción y de delincuencia organizada, y para que las conductas ilícitas denunciadas en los procesos electorales no queden impunes”.
ed
