Un Emilio Lozoya Austin molesto, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo extorsionar, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentaron de 10.7 a 30 millones de dólares el monto de la reparación del daño para librar las acusaciones en los casos Odrebecht y Agronitrogenados.
En audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el abogado del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros Alonso, denunció ante el juez de control, Gerardo Alarcón López, el cambio sorpresivo de la cantidad sin, dijo, una justificación ni motivación de Pemex y la UIF en las reuniones que tuvieron en junio, en las que no participó la Fiscalía General de la República (FGR).
Lee también: Tribunal niega a Lozoya suspensión provisional contra prisión justificada
"De manera contraria a las espectativas generadas, el gobierno de México solicitó un pago de 30 millones de dólares, un aumento de 200 por ciento, y al solicitar una justificación que fundamentara, los 30 millones de dólares, no obtuvimos respuesta", expuso el litigante al inicio de la diligencia.
Ante ello, el referido juez solicitó a los representantes legales de Petróleos Mexicanos y de la UIF motivar en ese momento su decisión de aumentar en 200 por ciento la cantidad solicitada para extinguir la acción penal contra el exfuncionario que va a cumplir dos años preso.
"Se requiere la fundamentación porque si no, la fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria. Incluso si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR”.
Lee también: Defensa de Lozoya insiste a AMLO autorizar acuerdos reparatorios por casos Odebrecht y Agronitrogenados
“Debió tener intervención la Fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la fiscalía y eso tampoco es correcto", enfatizó el juzgador.
En tanto, la apoderada legal de Pemex, Dairen Zepeda Martínez respondió al juez que la petrolera no tiene deseo llegar a acuerdo con Lozoya Austin, y al tratarse de algo voluntario no está obligada a justificar tal decisión ni la exigencia de los 30 millones de dólares y advirtió al juez que si insistía en que justifique la decisión se sentiría "coaccionada" por los órganos jurisdiccionales.
Ante ello, el juez Gerardo Alarcón López determinó no llevar a cabo la audiencia intermedia, porque no hubo motivación ni fundamentación en la exigencia de dicho monto, además de que la Fiscalía General de la República no participó en las reuniones dónde Pemex y la UIF establecieron la cantidad.
"No es posible, por el momento, llevar a cabo la audiencia intermedia , la postura del gobierno es dogmática, carente de sustento sin motivación en la que no participó la FGR . Parece que Pemex y la UIF van por cuerdas separadas y eso no es correcto", consideró el juez de control.
Además, Alarcón López reprendió a los fiscales de la Fiscalía General de la República por no participar en las reuniones en las que se acordó incrementar la cantidad por reparación del daño, ya que es la institución cabeza de la investigación contra el exdirectivo de Pemex.
"Me genera suspicacia y no comprendo porqué no participó la FGR ", expuso.
Ataviado con el uniforme de preso y un poco más delgado, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, calificó de "ilegal, inmoral y parece que raya en la extorsión" el cambio repentino en la cantidad solicitada por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera.
"La narrativa es falsa e inverosimil, la UIF y Pemex pidieron en enero de 2022, 3. 4 millones de dólares (en el caso Agronitrogenados ), ahora lo que piden es 200 por ciento más, me parece que es inmoral, ilegal y que raya en la extorsión", reviró el exfuncionario.
Lozoya Austin afirmó que aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República ante el acosó político a él y a su familia.
Asimismo, dijo, a aceptó pagar el 100 por ciento de lo que Pemex, la UIF y FGR "fabricaron" como supuesto daño por los casos Odrebecht y Agronitrogenados, por lo que cuestionó: "¿Por qué la exigencia? ¿Por qué la cuasi extorsión?"
Y arremetió: "Es inmoral para este gobierno ir a un restaurante en la Ciudad de México, pero no ir a restaurantes y jugar golf en Boston y Madrid ".
"Después de estos actos de autoridad, acoso, extorsión quién en sus cinco sentidos querrá colaborar con la justicia, parece que la política le gana a la justicia. Yo me pregunto si el señora presidente está enterado de lo que aquí se dijo ".
Durante la audiencia, la defensa de Lozoya Austin presentó incidencias por falta de personalidad jurídica de la UIF y de Pemex y por prescripción del delito de lavado de dinero del que se acusa a Lozoya Austin en el caso Agronitrogenados, mismas que fueron rechazadas por el juez.
El exdirector de Pemex tuvo varias intervenciones durante la audiencia, en una de ellas expresó su deseo que el proceso judicial avance a su etapa intermedia ante "el cúmulo de irregularidades" que no le han permitido llegar a un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El juez de Control, Gerardo Alarcón López fijó para el 31 de agosto la audiencia intermedia en la que se desahogarán las primeras que se discutirán en el juicio, en caso de que Pemex, UIF y Emilio Lozoya Austin no lleguen a acuerdo reparatorio que suspenda la acción penal en los casos Odrebecht y Agronitrogenados.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.
tjm/rcr