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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene 151 acciones en seguimiento de las registradas durante el periodo en que Rosario Robles Berlanga fungió como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De ellas, al menos siete son por la subcontratación de servicios por parte de las instituciones de educación pública que colaboraron con las dependencias, esquema de desvío de recursos que se conoce como la Estafa maestra y por el que Robles fue vinculada a proceso.
El monto de esas siete observaciones pendientes asciende a 541 millones 211 mil 304 pesos, de los cuales 316 millones 285 mil 931 son por la Sedesol y 224 millones 925 mil 373 por Sedatu.
Los casos que están pendientes incluyen a la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC).
De acuerdo con una revisión hecha por EL UNIVERSAL a las auditorías 2013, 2014 y 2015 de Sedesol, y 2016 y 2017 de Sedatu, las instituciones de educación superior subcontrataron con terceros la totalidad de los servicios que debían prestar a las secretarías.
Sedesol. La Universidad Autónoma de Zacatecas se vio involucrada en dos de los casos pendientes, uno con daño a la Federación por 26 millones 622 mil pesos, ya que subcontrató con un proveedor de servicios las tareas que debía entregar a la otrora Sedesol, según el convenio de coordinación número UCD/33901/014/2015.
La Secretaría de Desarrollo Social contrató con la universidad los servicios de diagnóstico inicial para la integración de los padrones estatales de beneficiarios por un total de 52 millones 200 mil pesos, y a su vez la Universidad Autónoma de Zacatecas pagó al proveedor del servicio que realizó el trabajo encomendado la can-tidad de 25 millones 578 mil pesos.
En tanto, la Universidad Intercultural del Estado de México subcontrató con dos terceros la totalidad de los servicios convenidos con la Sedesol en el acuerdo de coordinación número UCD/33901/010/2015, con lo que generó un daño a la Hacienda pública de 62 millones 877 mil 192 pesos.
Sedatu. La Universidad Politécnica de Chiapas también se vio involucrada en los desvíos que se le imputan a Rosario Robles durante su gestión al frente de la Sedatu. De acuerdo con la ASF, al menos cuatro convenios generaron un perjuicio al erario de 186 millones 113 mil 374 pesos.
Esa misma universidad, en otra operación, pagó un sobrecosto por los servicios profesionales y técnicos del servicio tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu, lo que generó un daño al erario de 13 millones 291 mil 999.9 pesos.
