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La Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos ( OEA ) que visitó México con motivo del proceso de revocación de mandato, expresó su preocupación por las continuas campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el Instituto Nacional Electoral ( INE ), “que no solo aumentan la polarización existente en el país, sino que también menoscaban la democracia”.
Al dar a conocer su informe preliminar, la Misión destacó que la jornada de votación del domingo pasado se llevó a cabo de forma pacífica y transcurrió en un marco de tranquilidad, aunque envuelta en un clima de alta polarización y con algunos incidentes aislados.
Además, observó que autoridades de distintos niveles de gobierno, incluidas las de la mayor jerarquía en el país, cometieron infracciones relacionadas con la prohibición de propaganda gubernamental personalizada y el uso de recursos públicos, y destacó que la legislación vigente no contempla consecuencias legales para estas conductas.
“Durante la semana previa a la jornada de votación, existieron múltiples eventos en donde participaron autoridades del gobierno federal y local, los cuales fueron motivo de denuncias tanto por su participación así como por el presunto uso de recursos del estado”.
La Misión consideró que, independientemente de si las condiciones legales vigentes son adecuadas o no para promover el debate público , hasta en tanto no sean modificadas, deben ser respetadas sin excepción.
Resaltó que la legislación y los procedimientos aplicables a futuros ejercicios de revocación de mandato deben ser revisados para evitar que se repitan los problemas normativos que afectaron a este primer ejercicio a nivel federal.
En su informe, los expertos de la OEA recomiendan orientar el modelo de comunicación, que actualmente es muy restrictivo, de forma que se estimule el debate, se brinde pluralidad a la opinión pública y se llene de contenido el derecho a emitir un voto informado, respetando el principio de equidad.
Asimismo, consideran que la persona cuyo mandato se encuentra en cuestión debería poder expresarse buscando convencer al electorado de votar en contra de la revocación de su gestión.
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También sugieren que para futuros ejercicios de democracia directa, se le garantice al INE los recursos que requiere para cumplir con sus funciones, explorar mecanismos que permitan que la ciudadanía acceda a la información de quienes están financiando propaganda en favor de cada posición, asignar tiempos en radio y televisión al INE, específicamente para la difusión de procesos de revocación de mandato, más allá de los que le son otorgados en período no electoral y transparentar la compra de propaganda por fuera de la radio y televisión, especialmente de parte de empresas, de tal manera que, sin obstruir el debate público, se eviten posibles inequidades entre las campañas a favor y en contra de la revocación.
La Misión recomienda reformular la pregunta establecida en la Ley de Revocación de Mandato, a fin de que sea clara para los ciudadanos y estrictamente compatible con la naturaleza de este mecanismo.
Por otra parte, la Misión denunció que a través de los canales oficiales, solicitó reuniones con distintas autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero fue informada de que la Secretaría de Relaciones Exteriores no estaba en posición de gestionarlas.
La delegación de la OEA felicitó al INE por la organización del proceso a pesar de los desafíos que debió enfrentar y resaltó el compromiso cívico de los miles de ciudadanos que fungieron como miembros de casillas.
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