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Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama, y María Estela Ríos González, aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconocieron abiertamente su afinidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso arremetieron contra el Poder Judicial, al que acusaron de invadir facultades del Legislativo y violentar el principio de actuación democrática, pero rechazaron que existan conflictos de intereses que les impidan acceder al cargo que dejó vacante el exministro Arturo Zaldívar.
La primera en ser recibida por los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado fue la actual comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris. Durante su exposición de motivos destacó su labor como abogada y su labor por más de 11 años en el sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Fue el senador Damián Zepeda, del PAN, quien acusó al presidente López Obrador de estar enojado con el Poder Judicial de lña Federación (PJF), y cuestionó a Alcalde Luján: “Abiertamente ha declarado que fracasaron sus nombramientos y que los que propuso no han fallado como él quiere, esa es mi preocupación central y lo digo con respeto a todos los perfiles, porque dice que con esta terna no va a fallar, entonces, ¿consideras que existe algún conflicto de interés? o ¿cómo puede garantizar al país su plena independencia?”.
En respuesta, la servidora pública, quien también es hermana de la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, reconoció su simpatía por “los principios y valores” del Primer Mandatario, pero negó que lo anterior represente conflicto de intereses.
“No voy a negar que hay coincidencia con respecto a los principios y los valores del actual gobierno, y esto tiene una lógica, que el Presidente proponga una persona que esté acorde a sus principios y valores. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que cuando hay coincidencia en principios y de valores democráticos, pues estas coincidencias construyen y ayudan, no necesariamente destruyen, y eso es muy importante”, señaló.
Al ser cuestionada sobre el salario de las y los ministros, señaló que, desde su punto de vista, “definitivamente deberíamos de ajustar los salarios, lo que me parece fundamental para dotar de legitimidad al poder judicial”, y agregó que el tema de la elección de jueces por voto popular, “puede abrirse al debate, pues es cierto que hay un alejamiento de la ciudadanía con el Poder Judicial”.
El segundo turno, fue para Lenia Batres Guadarrama, actual Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La aspirante aprovechó su posicionamiento inicial para despejar todas las dudas en torno a su visión en torno a las últimas resoluciones de la Suprema Corte, y denunció que las determinaciones del máximo tribunal, invadieron la división de poderes.
“Cuando el Poder Judicial actual legislando, abrogando leyes completas aprobadas por el Poder Legislativo, con base en principios que él mismo definió, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional”, declaró.
La también hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, agregó que el Poder Judicial violentó el principio de actuación democrática al otorgar suspensiones de la reforma electoral y la Ley General de Comunicación Social, la distribución de libros de texto gratuito en algunas entidades de la República, la reforma por la que se avaló disponer de los recursos de 13 fideicomisos para los damnificados por el Huracán Otis, y por no haber acatado el límite a remuneraciones de las personas servidores públicas: “Ninguno de estos fallos tiene ninguna justificación”.
Al ser cuestionada sobre su cercanía al Poder Ejecutivo, la funcionaria reconoció que existen visiones en común, por lo que calificó de “obvio” que ella apoyaría una reforma al poder judicial y la reducción de salarios para ministros, jueces y magistrados, entre otras cosas.
Finalmente, fue el turno de María Estela Ríos. La consejera Jurídica de AMLO defendió su elegibilidad, luego de que el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, planteó vetarla bajo el argumento de que su cargo es equiparable al de una Secretaría de Estado, lo que la hace inelegible constitucionalmente.
“Es cierto, la Constitución restringe a un secretario, pero en la Constitución se distingue muy bien a los secretarios de Estado y la consejería jurídica, y yo no soy secretaria. Yo espero que no se pretenda restringir mi derecho, porque no es una razón constitucional, ni legal, para formar parte de esta terna”, aseveró.
Al ser cuestionada sobre posible conflicto de interés, la consejera respondió: “Sí quiero reconocer que soy afín a las ideas del Presidente, a su proyecto, y por eso acepté cuando me invitó a ser Consejera”.
Pese a ello, aseguró que, “si el Presidente me diera una orden que fue en contra de mis convicciones, no se la aceptaría, y en ese sentido sí mantengo mi independencia de criterio”.
Tras la jornada intensa que se prolongó por más de seis horas, las y los Integrantes de la Comisión de Justicia, aprobaron por 12 votos a favor, cinco en contra, y una abstención, la idoneidad de la terna, que fue remitida a la Mesa Directiva para su programación en el pleno.
