Miguel Ángel Lara Otaola , experto en materia electoral y quien fuera aspirante al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció una serie de “irregularidades” que detectó durante el examen realizado el pasado 7 de marzo.
Entre ellas, fallas técnicas y desconexiones a lo largo de la prueba, falta de respuesta a solicitudes de revisión, y preguntas “ambiguas”.
“Aunque me parece MUY sospechoso que personas sin experiencia electoral hayan obtenido los puntajes + altos del examen del Comité Técnico de Evaluación (CTE) para integrar el @INEMexico De eso NO tengo evidencia. De lo que SI tengo pruebas es de las siguientes irregularidades”, escribió en su cuenta de Twitter.
Como primer punto, señaló que el sistema de cómputo utilizado (tablets de Diputados y diputadas) no funcionó adecuadamente: “Muchos no pudieron iniciar el examen a tiempo, la captura se interrumpió en muchas ocasiones, apareciendo una pantalla blanca de error. En mi caso, la desconexión ocurrió 6 veces”.
Otra “irregularidad” considerada por Lara Otaola, fue que los revisores no respondieron adecuadamente a las solicitudes de revisión: “Un ejemplo muy sonado (más no el único) es el del experto @Talancon, aquí el CTE contó mal y sólo acreditó 63 aciertos (de 80) en lugar de 64”.
Por otra parte, aseguró que las preguntas incluidas no fueron elaboradas por una institución académica o por especialistas en la materia: “Esto quiere decir que no hubo una revisión experta donde se haya cuidado el fraseo, el vocabulario, y el contenido de la opción múltiple. Por tanto, hubo ambigüedad”.
Por lo anterior, señaló que buena parte de las respuestas oficiales “o NO SON CORRECTAS o ADMITEN OTRAS OPCIONES o ESTÁN SUJETAS A INTERPRETACIÓN”.
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Como ejemplos, de lo que calificó como “preguntas engañosas, equivocadas y/o debatibles”, destacó la pregunta 23 de la evaluación, que cuestionó “¿Por qué en la década de los 90s, las propuestas de educación para la construcción ciudadana en México no se relacionaron con los derechos humanos?
Dicha pregunta, tenía las siguientes respuestas: a) porque eran actividades puntuales y centradas en la observación electoral, b) porque no existían experiencias de trabajo en ninguno de esos sentidos, c) debido a que las organizaciones se encontraban centradas en percepciones políticas, d) porque no consideraban de importancia el tema.
Al respecto, Miguel Ángel Lara cuestionó: “pregunta completamente subjetiva y que admite más de una respuesta: ¿en qué texto básico de derechos humanos o de electoral tendría que haberse podido estudiar eso?”.
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En otro de los cuestionamientos se preguntó si los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio público, y la respuesta correcta fue que sí, sin embargo, para el especialista “la respuesta correcta no solo es falsa, sino grave. Esto es opuesto a lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (artículos 11 "Protección de la Honra y la Dignidad" y 13) y el derecho a la vida privada del artículo 12 de la DUDH”.
Lara Otaola no pasó a la etapa de entrevistas; sin embargo, señaló en la red social que “hay esperanza”.
“Entre quienes siguen en el proceso hay personas con calidad académica, conocimiento electoral e imparcialidad. Hago votos para que los grupos parlamentarios elijan a estos perfiles y no a sus cercanos incondicionales”, concluyó.
Con información de Enrique Gómez
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