16 años ha transcurrido desde el 7 de abril de 2005, fecha en que el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó por un polémico proceso para retirarle su inmunidad procesal cuando fungía como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal .
Ese 7 de abril, la Cámara de Diputados, con 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, votó por retirar el fuero al actual presidente de México, ya que la administración del entonces presidente Vicente Fox (2000- 2006) responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado, en el predio El Encino, años atrás por gobiernos anteriores.
Tal proceso causó gran revuelo y polémica en la esfera política nacional pues diversos actores políticos, incluido López Obrador, argüían que se trataba de una estrategia para frustrar la carrera política del tabasqueño previo a la contienda electoral de 2006 , en la que AMLO pretendía participar para llegar a la presidencia.
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documentó en su edición del 8 de abril de 2005 todo el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, quien ante la Cámara de Diputados se dijo inocente y acusó al presidente Fox de estar detrás de su desafuero por presiones de un grupo de empresarios. Y responsabilizó al ministro Mariano Azuela y a “aquellos que se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas” de tratar de quitarle sus derechos políticos con miras al 2006.
Y así, El Gran Diario de México documentó como AMLO inicio de un movimiento de resistencia civil pacífica y llamó a una marcha del silencio el domingo 24 de abril, misma que congregó a alrededor de 1.2 millones de personas en el Centro Histórico .
En ese entonces, EL UNIVERSAL informó en sus páginas que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ( ALDF ) la fracción del PRD impuso su mayoría de 37 y desconoció el fallo del Congreso a favor del desafuero y acordó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para argumentar que la Cámara de Diputados federal carecía de facultades para realizar el juicio de procedencia contra el mandatario del Distrito Federal.
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El Gran Diario de México
registró así los hechos:
“Sobre el acuerdo para desconocer el desafuero, los perredistas consideraron que no hay motivos para proceder penalmente, por lo que continuará en el ejercicio de su cargo con la inmunidad que le da el fuero, además establecieron que no puede ejecutarse acto penal alguno contra López Obrador y por lo tanto se suspende todo procedimiento que le afecte.
“Expusieron que el párrafo 5o. del artículo 111 constitucional le da atribuciones a los congresos locales para declarar el desafuero del gobernante estatal, y agregaron que la ALDF tiene esta homologación, en tanto que López Obrador goza de un estatus similar al de un gobernador.
“Este acuerdo generó severas críticas de la oposición, que argumentó la falta de atribuciones de la ALDF para desconocer resoluciones de la Cámara de Diputados e invadir atribuciones de los legisladores federales”.
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Ahora, a dos semanas de cumplirse 16 años del desafuero del ahora Presidente de México, la esfera política nacional vuelve a estar envuelta en otra polémica para retirar la inmunidad procesal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca , gobernador panista del estado de Tamaulipas.
Y es que justamente el pasado miércoles, a solicitud de la Fiscalía General de la República ( FGR ), un juez federal libró orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero , sobre la cual fijó postura, en un comunicado en sus redes sociales, y mencionó que la decisión “fue tomada desde Palacio Nacional”.
Aunque, cabe destacar, que la orden de aprehensión es independiente al proceso que se le sigue a Cabeza de Vaca por el delito de defraudación fiscal , por el cual la Cámara de Diputados inició un juicio de procedencia en su contra para retirarle el fuero.
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Actualmente, hay una alerta contra García Cabeza de Vaca emitida por el Instituto Nacional de Migración ( INM ), la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) ordenó congelar las cuentas del gobernador y otras 12 personas físicas y 25 empresas supuestamente vinculadas a él y la red de lavado de dinero detectada por las autoridades; del mismo modo la FGR solicitó la emisión de una ficha roja a la Interpol .
El gobernador de Tamaulipas es señalado e investigado por la compra y venta de un departamento por 42 millones de pesos y un rancho en Tamaulipas por 38 millones, adquirido a través de una empresa fantasma; asimismo autoridades señalan la compra de inmuebles a través de prestanombres y familiares en Reynosa, Tamaulipas, McAllen y Edinburg, Texas.
Cabe señalar que el extitular de Pemex, Emilio Lozoya , también señaló al mandatario tamaulipeco por hechos de corrupción al, presuntamente, recibir sobornos para aprobar la Reforma Energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto .
ardm