La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del (IMSS) por un monto de 66 millones 45 mil 405 pesos en la adquisición de vacunas.

“Se determinó la falta de documentación soporte de los pagos de las vacunas recibidas en los almacenes delegacionales del Instituto, como son órdenes de remisión, altas en el SAI, notas de crédito, aplicación de penas y órdenes de reposición de los contratos U190344, U200361, U200363 y U200365”, señaló la ASF en la segunda entrega del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.

La Auditoría señaló que las penas y deductivas calculadas por los administradores de los contratos del IMSS correspondieron a 15 millones 717 mil pesos, de los que no acreditó la documentación en la aplicación de 6 millones 662 mil 688 pesos.

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El organismo también determinó la falta de aplicación de penas convencionales y deductivas por 59 millones 382 mil 717 pesos porque no se aplicaron las penas convencionales ni las deductivas por el retraso en la entrega de las vacunas, y por no contar con la carta compromiso de canje, lo que corresponde a un incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“De los 59 millones 382 mil pesos, 96.3% corresponde a la falta de evidencia de la carta compromiso de canje, es decir, 57 millones 197 mil pesos y 3.7% a las penalizaciones por atrasos, entregas parciales o faltas de entrega de la vacuna, esto corresponde a 2 mil 185 pesos”.

La ASF recomendó al Seguro Social, liderado por Zoe Robledo Aburto a implementar mecanismos de control necesario que garanticen que los expedientes cuenten con la documentación, soporte, verificación y constancia de la recepción de los bienes en el almacén, a fin de mantener una actualización con las operaciones por entradas.

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“La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no acreditaron contar con la documentación soporte para el pago de las vacunas, como son: órdenes de remisión, altas en el SAI, notas de crédito, aplicación de penas y órdenes de reposición”.

El informe de la ASF además señaló que la emergencia por Covid-19 afectó las acciones de vacunación en el instituto, y que a pesar de que la vacunación se consideró una actividad esencial en todas las unidades médicas, la reducción de la afluencia afectó de manera considerable la vacunación en todo el país, con una variación negativa de 5.7 millones de dosis aplicadas entre 2019 y 2020.

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