La Auditoría Superior de la Federación ( ASF ) detectó 317 casos de nepotismo en el Consejo de la Judicatura Federal ( CJF ), pagos de seguros sin comprobar y un gasto indebido de 67 millones 344 mil 900 pesos para equipar Centros de Justicia Penal Federal.
“Se detectaron 317 casos de trabajadores adscritos a diversos órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal que tienen vínculos familiares por consanguinidad y afinidad; pago de primas de aseguramiento de bienes del Consejo del que no se proporcionó evidencia de que las sumas aseguradas amparen los bienes registrados en la balanza de comprobación y el inventario de ese órgano autónomo.
“Se erogaron 67,344.9 miles de pesos en la adquisición de mobiliario para el equipamiento de diversos Centros de Justicia Penal Federal, los cuales debieron haber sido cubiertos con recursos del Fideicomiso 80695 ‘Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal' a cargo del CJF”, señaló el dictamen de la ASF.
De acuerdo con la tercera entrega de la cuenta pública 2018, al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto , la ASF indicó que del análisis de la nómina del CJF observó que 582 servidores públicos comparten los mismos apellidos, por lo que solicitó sus expedientes.
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Como resultado de ello, constató que 317 de esos trabajadores del CJF tienen vínculos familiares por consanguinidad y están adscritos a un mismo tribunal o juzgado.
Uno de los 317 servidores públicos tenía al menos seis parientes por consanguinidad y afinidad en su área de adscripción y dos más en el lugar donde anteriormente trabajaba.
“El CJF no cuenta con un marco normativo robusto, respecto de la gestión administrativa interna de los tribunales que regule este tipo de situaciones y con ello evitar posibles conflictos de interés producto de nepotismo en su plantilla de personal”, afirmó la ASF.
De acuerdo con el informe de la ASF, derivado de tal observación el CJF emitió el acuerdo por el que establece el Plan Integral de Combate al Nepotismo.
Además, el CJF gastó 67 millones 344 mil 900 pesos de la partida destinada a mobiliario para adquirir equipamiento para los Centros de Justicia Penal de Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Sonora y Jalisco.
Sin embargo, ese dinero no debió salir de la partida de mobiliario sino del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que podría constituir una irregularidad en la utilización de recursos.
Asimismo, la ASF observó que el CJF gastó 30 millones 654 mil 800 pesos en el pago de servicios de aseguramiento de bienes patrimoniales y vehículos propiedad del Poder Judicial de la Federación.
La contratación de estos seguros fue realizada mediante licitación pública nacional consolidada pero de la revisión de la Auditoría, el Consejo no acreditó que las sumas aseguradas amparen los bienes registrados en la balanza de comprobación y el inventario de dicho órgano, por lo que no se pudo constatar que las cifras de las sumas aseguradas fueran las correctas.
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