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Además de las pérdidas económicas para Petróleos Mexicanos (Pemex) en la adquisición de la planta de Agronitrogenados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también detectó posibles defraudaciones fiscales en la transacción, y en enero de este año documentó las consecuencias que arrastra la petrolera.
Desde diciembre de 2017, la ASF indicó que durante el ejercicio 2014 las empresas AgroAdministración y AgroInmuebles, involucradas en la venta de Agronitrogenados, reportaron ingresos acumulables inferiores a los pagos que recibieron por la operación.
Estas empresas pertenecían a Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), del empresario Alonso Ancira, detenido por delitos como defraudación fiscal, lavado de dinero y cohecho.
En enero de 2017, la ASF promovió una acción de comprobación fiscal y llamó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), entonces encabezado por Osvaldo Santín Quiroz, a realizar una auditoría a las empresas involucradas en la transacción.
Esto, debido a que las empresas reportaron ingresos por 4 millones 787 mil 400 pesos en total, lo que difiere de los 345 millones 508 mil 300 pesos que recibieron por la compra-venta de la planta.
A pesar de ello, no fue sino hasta el pasado lunes 27 de mayo que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que fueron detectadas operaciones financieras que pudieran encuadrar en lavado de dinero, razón por la que fueron bloqueadas las cuentas de AHMSA y del expresidente de Pemex, Emilio Lozoya, el encargado de anunciar y ejecutar el proyecto que buscaba “revivir” la industria de fertilizantes en México mediante la compra de Agronitrogenados.
Pero para evitar perjudicar a los trabajadores y acreedores de AHMSA, la UIF descongeló 47 cuentas para asegurar el funcionamiento de la empresa. Un día antes, la Fiscalía General de la República no sólo consiguió la orden de captura contra Alonso Ancira, sino también la de Emilio Lozoya.