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La implicación del Cártel Arellano Félix en el asesinato de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado , solo se explica por la colusión entre el gobierno y el crimen organizado , afirmaron diputados federales de los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes ya impulsar diversas iniciativas para fortalecer la protección de comunicadoras y comunicadores.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en San Lázaro, advirtió que en los homicidios de Martínez y de Maldonado, se desestimaron diversas líneas de investigación.
"Lo que se ha documentado es que por un lado, este clima de violencia no se podría entender sin las omisiones del gobierno, y por el otro lado es claro que el presidente cometió un error al desestimar líneas de investigación, porque el clima no se explicaría sin la colusión entre crimen organizado y el gobierno, por eso no se debe desestimar ninguna línea de investigación en el asesinato de Margarito y de Lourdes", puntualizó el diputado naranja, quien apenas este miércoles presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigirle que emita una recomendación "para que cese el clima de hostigamiento y abuso de poder contra los periodistas".
La bancada de Máynez alista presentar una iniciativa este jueves para reformar el artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de establecer que "las personas servidoras públicas se abstendrán de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar información en su poder, o de otras personas servidoras públicas, que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas".
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En la exposición de motivos sostuvo que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó los ingresos de Carlos Loret de Mola , "quedó en evidencia el uso faccioso de las instituciones así como el abuso de autoridad por parte del presidente de la república para perseguir a los periodistas críticos que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflicto de interés de sus familiares directos".
Por su parte, el coordinador del PAN en la cámara baja, Jorge Romero, señaló en que el crimen organizado opera impunemente en el país, en detrimento de la labor periodística.
Por ese motivo, recordó, ayer envió una carta a la ONU, para solicitar su intervención en México, "porque aquí la CNDH no existe y no emite recomendaciones. Necesitamos el apoyo internacional para atender el incremento de la violencia a periodistas, labor que ya se convirtió en el trabajo más peligroso de ejercer en el mundo".
Desde su bancada, solo esta semana se han propuesta dos iniciativas; una para imponer de 50 a 300 jornadas de trabajo comunitario y la reparación integral del daño "al que sin justa causa o fuera del ejercicio del derecho a la información o del derecho a la libertad de expresión, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto".
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Agrega que la sanción será de uno a cinco años de prisión, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, "cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial, bancario o fiscal".
Cuando el sujeto activo sea servidor público también se le aplicará destitución e inhabilitación desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
La otra propuesta es del legislador panista Luis Alberto Mendoza, y busca garantizar que en las reuniones de la Junta de Gobierno del protocolo de protección para periodistas, estén presentes, con voz pero no voto, un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores; un representante del Poder Judicial de la Federación; así como el presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, y el presidente o presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado y la cámara baja.
Finalmente, el líder del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que la política de abrazos y no balazos abona al clima de impunidad, "e incita a la delincuencia organizada a cometer este tipo de atroces crímenes sabiendo que nadie los perseguirá con todo el peso de la ley"
Adelantó que desde su trinchera, los integrantes del sol azteca promoverán la creación del "Sistema Nacional para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos", que sustituiría al protocolo actual, así como la restitución del fideicomiso para protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
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