De junio de 2016 al mismo mes de 2021 se reportaron 7 mil 752 niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años que perdieron la vida por lesiones causadas de manera intencional, señala el Índice de los Derechos de la Niñez (IDN) 2022, elaborado por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano.
“El análisis de los datos absolutos es relevante porque, si bien en un primer momento no permite una adecuada comparación entre los estados, sí permite tener claridad de la magnitud de la tragedia que implican los asesinatos de niñas, niños y adolescentes, de la urgencia de hacer mucho más para prevenir la violencia contra la niñez, y, a toda costa, evitar que llegue al extremo de quitarles la vida”, señala.
Las entidades que registraron las mayores sumas absolutas en el referido lapso son Estado de México, con 943 víctimas; Guanajuato, 856; Chihuahua, 581; Guerrero, 525; Michoacán, 465, y Jalisco, con 437.
En contraste, los estados con el menor número de casos son Campeche, con seis; Yucatán, 11; Tlaxcala, 26; Aguascalientes, 27, y Baja California Sur, 46.
Precisa que con el fin de dimensionar lo que esa cifra representa, basta señalar que la tasa de homicidios de menores de 18 años es 2.76 veces mayor al promedio de feminicidios para el mismo periodo, el cual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es de 1.3 víctimas por cada 100 mil mujeres.
“Este comparativo es relevante porque, en números absolutos, el promedio diario de feminicidios es de aproximadamente tres víctimas, mientras que el de niñas, niños y adolescentes es de 3.9”.
Los autores indican que denunciar la magnitud absoluta de la muerte violenta que se perpetra contra niñas, niños y adolescentes se convierte en un imperativo que debe estar por arriba de cualquier exigencia de metodología estadística.
El estudio agrega que vivir en entornos de violencia, donde la pareja agrede a su cónyuge, aun cuando directamente no violente físicamente a sus hijas o hijos, genera un ambiente que atenta contra su adecuado desarrollo integral tanto físico como mental.
Señala que los casos de violencia familiar en 2016 fueron 191 mil 384 y en 2020, 254 mil 598, lo que representó un crecimiento de 46% en sólo cinco años.
“La tasa de no denuncia [cifra negra] se ha mantenido constante en los últimos años, y que en algunos, de hecho, ha tenido incluso incrementos”, dice.
Sostiene que mientras hace seis años el número de carpetas de investigación por ese delito alcanzó 477.9, en 2020 esa cifra llegó a 642.3.
“A nivel nacional, la tasa promedio fue de 555.4 carpetas de investigación por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes”.
Expone que hubo 16 entidades en las que se obtuvieron indicadores más elevados: Baja California Sur, con mil 373.7 carpetas de investigación por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes; Nuevo León, mil 337; Colima, mil 261.8; Ciudad de México, mil 110.7; Chihuahua, mil 104.9, y Baja California, mil 016.7.
Explica que gracias a una mayor visibilidad mediática y social de la agenda de los derechos de las mujeres, existe una mayor presión sobre las autoridades, lo que permite que haya una mayor disposición de las mismas para atender con mayor diligencia y apego al derecho a mujeres, niñas y niños víctimas de los delitos.
Precisa que hace falta ampliar y profundizar la comprensión de esos graves fenómenos desde miradas interdisciplinarias, que den cuenta de la multidimensionalidad y multifactorialidad que los caracteriza y determina, lo que exigiría abordarlos integralmente desde la sociología, criminalística, sicología, el trabajo social, la filosofía, entre otras disciplinas.
Asegura que la violencia homicida y una presencia generalizada de violencia en las familias tiene una estrecha relación con la violencia sexual, y destaca que por ese delito en 2016 se registraron en todo el país 3 mil 102 carpetas de investigación iniciadas (96.1 por día), mientras que para 2020 llegó a 54 mil 342 (148.8 diarias). Es decir, se tuvo un incremento de ese ilícito de 64.5% en cinco años.
