La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aseguró que las violaciones a derechos humanos de parte del Estado se han reducido.
Al clausurar los trabajos del Conversatorio “La Desaparición Forzada: Recomendación 98VG/2023 Por una verdadera Defensoría del Pueblo', llamó a depurar y a actualizar el censo de las personas desaparecidas a partir de la llamada “guerra contra el narco”, para tener certeza sobre las cifras generadas y lograr que las autoridades investigadoras enfoquen sus capacidades y recursos materiales y humanos en la búsqueda y localización de personas que continúen en calidad de desaparecidas.
Dijo que actualmente existe un contexto en el que las autoridades y sociedad trabajan por superar las lacras y vicios que empañaban y retardaban el esclarecimiento y la superación de las desapariciones forzadas, problemática que ha marcado a México desde hace más de medio siglo.
Durante el acto, Piedra Ibarra recordó que aun cuando la creación misma de la CNDH obedeció, en su momento, a una demanda de los familiares de las personas desaparecidas por la violencia política del Estado, es lamentable que en ese entonces la investigación de las violaciones a derechos humanos quedara en manos de quienes las perpetraban.
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Indicó que frente a esta situación hoy es preciso resarcir y solucionar esta situación, pues a pesar del tiempo y de lo difícil que resulta corregir, es de reconocer que se viven otros tiempos.
La Presidenta de la CNDH reconoció el trabajo de familiares, organizaciones, colectivos de madres buscadoras quienes diariamente buscan a sus seres queridos y caminan por la exigencia legítima del derecho de toda persona a ser buscada.
En su oportunidad, Alejandra González Clorio, directora especial para la investigación del “Caso Ayotzinapa” de la CNDH, indicó que de acuerdo con los registros de la Comisión, los estados donde existe una alta incidencia de casos de desaparición son Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Durango, Nuevo León, Coahuila, Guerrero y Veracruz, en los cuales las quejas presentadas involucran la comisión de otros delitos como retención arbitraria, tortura, detención arbitraria y privación de la vida, cuya investigación frecuentemente enfrenta obstáculos y resistencia por parte de las autoridades.
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