La organización en defensa de los derechos de libertad de expresión, Artículo 19, anunció que impugnará la liberación de Mario Marín luego de que Angélica del Carmen Ortuño Suárez, jueza del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo, decidiera que el exgobernador de Puebla pueda llevar en libertad los procesos judiciales por los delitos que se le imputan contra la periodista Lydia Cacho.
Tras el anuncio de la revocación de la prisión preventiva justificada en la que ha estado Mario Marín, Artículo 19 expresó que, aunque reconoce “que la prisión preventiva oficiosa, como política punitiva de Estado en cientos de casos puede ser violatoria a los derechos humanos en este país, existen situaciones particulares como la presente, donde, se amerita esta medida.
“En el caso actual se han presentado por la defensa de Lydia Cacho una serie de pruebas que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también de riesgos contra la víctima, una mujer periodista víctima de tortura”.
Así, la ONG, que representa y acompaña a la periodista en este proceso, informó que, junto al expediente abierto contra Hugo Karam, exdirector de la policía judicial en Puebla quien salió de prisión también derivado de una sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo, impugnará la determinación de medidas impuestas a Mario Marín para que se resuelva a fondo el proceso penal por el delito de tortura que se les imputa.
“Cabe mencionar que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con 167 periodistas asesinadas y asesinados y al menos 31 personas periodistas que permanecen desaparecidas.
“La jueza determinó imponer las siguientes medidas a Marín: Una garantía económica, prohibición de salir del país, prohibición de acercarse a la víctima, vigilancia y resguardo domiciliario, así como un brazalete electrónico”, informó Artículo 19 a través de un comunicado.
Finalmente, la ONG exhortó a que este tipo de casos se resuelvan tomando en cuenta las particularidades y riesgos existentes pues, en el asunto particular de Lydia Cacho, no hay garantías de seguridad para que vuelva al país y continúe ejerciendo su labor periodística.
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bmc