Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas detuvieron a 442 menores de edad en distintos operativos de seguridad, de acuerdo con un informe al que tuvo acceso EL UNIVERSAL con solicitudes de información.
Esta cifra es 13% mayor a la registrada en 2018, cuando concluyó la administración del expresidente Enrique Peña Nieto: se efectuó el arresto de 388 niñas, niños y adolescentes.
En los documentos se explica que la Secretaría de Marina (Semar) ha llevado a cabo sus aprehensiones en flagrancias delictivas o han derivado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha detenido a menores en el momento del hecho por ilícitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como en acciones para “reducir el índice de violencia en el país”.
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Esta dependencia es, por mucho, la que ha efectuado más arrestos de ese sector de la población, pues durante el año pasado registró 430 casos, mientras que la Semar tuvo una docena.
Esta tendencia fue la misma en 2018, cuando el Ejército detuvo a 378 menores de edad y la Marina sólo a 10.
“Es preciso aclarar que en cuanto a los presuntos menores de edad que fueron detenidos en flagrancia por personal de esta institución, ha sido en apoyo de la seguridad del país”, justifica la Marina en el informe que posee el Gran Diario de México.
Víctimas de la delincuencia
Especialistas explicaron que algunos de los jóvenes detenidos pueden ser víctimas de reclutamiento forzado por parte del narcotráfico; es decir, los secuestran y los obligan a operar para ellos, o simplemente la pobreza y la falta de oportunidades hace que se adentren en las redes del crimen.
Sólo la Sedena dejó claro el sexo de quienes arrestó durante 2019: de las 430 personas 385 eran hombres y 45, mujeres. El Ejército detalla que las niñas, niños y adolescentes capturados tienen entre 15 y 17 años, mientras que la Semar admite haber aprehendido hasta pequeños de 13 años.
En el informe de la Marina se explica que, en el año 2018, en Guerrero se capturó a dos jóvenes de 14 y 16 años que supuestamente pertenecían al Cártel de Sinaloa.
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Desde hace años, el reclutamiento de miembros de ese sector de la población por parte de grupos del crimen organizado ha estado en boca no sólo de organizaciones sociales mexicanas, sino también de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2017 advirtió en un informe que eran alrededor de 30 mil menores los que bandas delictivas lograron enlistar.
“[Ellos] cooperan activamente en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería y el narcotráfico”, afirma su informe Violencia, niñez y crimen organizado.
En 2019 se conoció cómo en Chilapa, Guerrero, al menos 19 niños fueron armados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para defenderse de las células que imperan en esa zona.
Números que aumentan
Los documentos obtenidos por esta casa editorial, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, revelan que el arresto de menores es un hecho que aún ocurre en este año: en los primeros meses, el Ejército ya capturó a 42 niños y siete niñas.
Autoridades federales y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) participaron el pasado 6 de marzo, en Haití, en una audiencia de la CIDH en la que se expuso el problema del reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado.
En entrevista, Juan Martín Pérez, director general de la Redim, dijo: “Vemos un mayor reclutamiento a partir de las carpetas de investigación; niños y adolescentes migran cada vez más a delitos de orden federal: portación de arma de uso exclusivo del Ejército, contra la salud y secuestro”.
El especialista en derechos de la infancia criticó que la respuesta del Estado mexicano, sin importar quién sea el Presidente, “ha sido la misma. Hay una actitud de omisión dolosa para mantenerlos invisibles, pese a las recomendaciones internacionales”.
Medidas para frenar práctica
En el encuentro que organizó la CIDH hace dos semanas, Ricardo Bucio Mújica, titular del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), coincidió en la insuficiencia de lo realizado en sexenios anteriores. Por ello, anunció los cuatro ejes con los cuales se pretende frenar el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen.
El primero se refiere a ubicar en tiempo real y territorial los factores de riesgo para los jóvenes.
“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) va a diseñar este año un observatorio de formas de violencia asociadas al reclutamiento que incluye mapas de riesgo en colaboración con otras autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los secretariados estatales”, afirmó.
Añadió que se implementará un programa integral para prevenir el reclutamiento forzado: “Se hará el fortalecimiento del programa alerta temprana para evitar la deserción escolar y una campaña de información a los agentes educativos y autoridades”.
El funcionario dijo que se buscará elaborar, en coordinación con el Congreso y con el apoyo de expertos en materia penal y la Fiscalía General de la República, el análisis sobre la tipificación específica del delito reclutamiento: “Se propondrá en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia un grupo de trabajo especializado en desaparición y reclutamiento de niñas.
“Se propondrá una reforma para crear la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Responsables de Justicia Adolescente. Es un mecanismo para coordinar los 33 sistemas en la materia para adolescentes y que forme parte de la Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque 36% de esos jóvenes han formado parte de grupos criminales”, detalló Bucio Mújica.
