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Diez años después de que se publicó la reforma constitucional que incorporó el derecho humano al agua como una obligación del Estado mexicano, hasta la fecha no ha sido expedida la ley reglamentaria correspondiente, a pesar de que los legisladores se fijaron un plazo máximo de 360 días para ello.
Un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República , destaca que la mayoría de las propuestas legislativas que se han puesto sobre la mesa proponen modificar la ley vigente y solo una plantea la expedición de un nuevo ordenamiento de carácter general como lo dispone el artículo 4 Constitucional.
El estudio titulado “Iniciativas que abrogan o modifican la Ley de Aguas Nacionales presentadas en el Senado de la República (LXV Legislatura)”, apunta que los temas que más interés han generado en el Senado se relacionan con el uso doméstico y agrícola del agua, con aspectos institucionales en la gestión del agua y con la calidad de este líquido.
Recordó que por otro lado se mantiene la discusión legislativa sobre la pertinencia de crear una Secretaría del Agua, lo que podría formar parte de la deliberación en torno a la Ley General que no ha logrado aprobarse.
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Según el documento del IBD, elaborado por el investigador Itzkuauhtli Benedicto Zamora Saenz, otro aspecto que es importante tomar en cuenta es que el 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que contempla compromisos en materia de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, lo cual podría ser un referente para la actualización de la legislación nacional en materia hídrica.
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