En caso de que persista la omisión del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el nombramiento de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), deberán pagar de su bolsa Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, la multa de alrededor de 105 mil pesos que impongan los jueces.

Aseveró el presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Juan Zepeda, quien explicó a EL UNIVERSAL la ruta crítica para el pago de las multas, que aclaró, no deberán salir de las arcas del Congreso.

Dijo que si no se acata hay dos órganos internos del Congreso señalados directamente. Uno de ellos sería la Junta de Coordinación Política del Senado, cuyo presidente es Ricardo Monreal y si hay responsabilidad para cada uno de los integrantes de la Jucopo.

“Y por otro lado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en este caso el presidente de la misma, Alejandro Armenta”.

El senador por Movimiento Ciudadano, recordó que ya van cinco suspensiones dictadas por jueces en donde ordenan al Poder Legislativo nombrar a los comisionados del Inai.

“Lo que está muy señalado, es que ellos serían los responsables y tendría que salir de su pecunio, es decir de su propio dinero, por lo que no se le puede cargar a ninguno de los órganos del Senado o como la Comisión Permanente es mixta la representación tanto de diputados como de senadores, ahí tampoco podría absorber el pago de la multa, si queda firme, la Cámara de Diputados”.

Lo anterior, luego de que una jueza federal otorgó la víspera una nueva suspensión que ordena a la Cámara de Senadores realizar un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a un nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Se trata de Celina Angélica Quintero Rico, jueza Décimo de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, quien concedió la medida cautelar en favor de Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del Inai.

La sentencia da un plazo de tres días a partir de que se realice la notificación oficial para que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado elaboren la propuesta con el nombre del candidato que deberá sustituir al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

De igual forma, otorga un plazo de tres días a la Comisión Permanente para convocar a la Cámara Alta a celebrar la sesión extraordinaria.

Se trata de la quinta suspensión que la jueza otorga para obligar al Senado a realizar las designaciones correspondientes y garantizar la operación del Inai.

Por lo anterior, en esta última sentencia se advierte que en caso de omisión, se interpondrán multas desde 50 hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 103 mil 740 pesos.

Por ello, se ordenó a la Secretaría General de Acuerdos, a la Secretaría General de Servicios Administrativos y a la Tesorería del Senado para proporcionar, en no más de 72 horas, los nombres, fechas de nacimiento, y Registro Federal de Contribuyente de quienes integran la Jucopo y la Comisión Permanente, para que en caso de que no acaten la resolución, se les interpongan las mencionadas multas.

El pleno del INAI se encuentra en inoperancia desde el pasado 31 de marzo debido a que no cuenta con el quórum legal necesario para sesionar, pues sólo tiene cuatro de los siete comisionados que deben integrar.

Este miércoles se cumplirán dos meses sin que el Senado nombre a la persona que ocupará la vacante que dejó Acuña Llamas; sin embargo, ya son más de tres años que la Cámara Alta tampoco nombra a dos vacancias más que se encuentran disponibles desde 2019.

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