El gobierno federal va por la despresurización de 17 centros penitenciarios federales y 292 estatales para evitar más contagios de Covid-19, por lo que apresura la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso y se plantea utilizar herramientas como el indulto y la preliberación, y así beneficiar al menos a 6 mil 200 personas sentenciadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió ayer al Senado a votar la Ley de Amnistía, que ya avaló la Cámara de Diputados en diciembre, para que presos mayores de 60 años, con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas puedan salir en libertad.
“No viene mal que tratemos el tema, porque seguramente los senadores nos están escuchando, el senador Ricardo Monreal, para que se atienda. Esto con urgencia, que se apruebe esta Ley de Amnistía, porque va a beneficiar a adultos mayores, entre otros, y que pueden salir porque no cometieron delitos graves”, dijo.
A eso, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal (Morena), informó que buscará acordar con los grupos parlamentarios la manera de aprobar la Ley de Amistía de forma extraordinaria, para evitar contagios masivos de Covid-19 en los centros de detención.
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“La mayoría legislativa les planteará a los grupos parlamentarios que, observando la legalidad, aprobemos esta Ley de Amnistía y otras indispensables. Encontraremos los mecanismos legales para hacerlo”, aseguró.
En un video, Monreal Ávila especificó que, de no encontrarse la forma de legislar, el Presidente puede recurrir “de manera rápida” al beneficio de la preliberación de presos que ya plantea la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“Estoy empezando a conversar con los coordinadores de grupos parlamentarios, pero también el Presidente puede acudir a dos vías de manera muy rápida, extraordinarias: el indulto y la preliberación, que es un beneficio que la ley concede para que puedan tomar libertad o salir anticipadamente quienes están condenados”, advirtió.
Antes del virus
El 16 de diciembre pasado, antes de la llegada del coronavirus a México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en ese momento se contemplaba que 6 mil 200 presos se beneficiaran con la Ley de Amnistía, y que además se revisarían 2 mil 600 casos más que se han presentado para indulto al presidente López Obrador.
De acuerdo con el informe Características de las personas privadas de la libertad en México 2018, del Inegi, hasta 2016 se estimaban 211 mil personas privadas de la libertad en 17 centros penitenciarios federales y 292 estatales, y cerca de 4% de éstas se verían beneficiadas con la aplicación de una amnistía a delitos que no sean graves.
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El Protocolo de Actuación para la Atención de Covid-19 en el interior de Centros Penitenciarios Federales estimó que cerca de 370 personas en prisión son mayores de 60 años, y el Inegi calcula que cerca de 542 menores de seis años viven con sus madres en cárceles estatales.
El artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la solicitud de preliberación no puede ser presentada por quienes hayan cometido delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada o secuestro.
Según explicó Héctor Carreón Perea, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en entrevista con EL UNIVERSAL, la solicitud de preliberación atendería a motivos humanitarios, pero únicamente para personas que cuenten con sentencia.
“Una persona sentenciada tiene el derecho de solicitar, directamente a las autoridades jurisdiccionales o a las autoridades penitenciarias, que se revise su situación específica y que se verifique si se encuentran en estas condiciones, incluso a la defensoría pública, para que ellos lo promuevan, porque aún tienen ese derecho”, dijo.
María Sirvent Bravo, coordinadora de la organización Documenta, A.C., consideró que el beneficio de la preliberación se trata de una medida preventiva de implementación “urgente, que permita reducir la población en las cárceles”.
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“[En México] contamos con figuras jurídicas como los indultos, salidas anticipadas, beneficios de preliberación para poderlos aplicar. Creemos que es algo que se debería estar haciendo: revisar expedientes y saber quién podría ser beneficiario de estas medidas”, dijo.
Documenta lanzó una campaña en redes sociales y un número de atención especializado para quienes tengan a un familiar detenido que pudiera estar en un grupo vulnerable para el contagio de coronavirus, pero que no haya cometido un deli-to grave.
A través del número telefónico 55 2520 4733, en un horario de atención de 09:30 horas a 18:00 horas, la organización brinda asesoría a familiares de mujeres embarazadas, en etapa de lactancia, adultos mayores y con enfermedades crónicas, para que puedan solicitar ese derecho.
“No tendríamos que llegar a esto para poder implementar las medidas que, jurídica y legalmente, la autoridad puede tomar. Tan sólo en la Ciudad de México estamos hablando de 3 mil 500 personas que están en situación de vulnerabilidad y encarceladas por delitos como robo simple y lesiones”, detalló María Sirvent.
Héctor Carreón también defendió esta medida al decir que el beneficio sólo se otorga bajo un diagnóstico de las autoridades y el detenido no queda exento de cumplir de otra forma su condena y de reparar el daño, en caso de que así sea.
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“Estas medidas de preliberación no tienen por objeto extinguir algunas penas, como la reparación del daño, porque se puede tener la idea de que se exime la indemnización, pero no es así, se imponen condiciones a los beneficiados de estos mecanismos”, aclaró.
Recomendación de CIDH
Ambos coincidieron en que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó, en su resolución 1/2020, que las autoridades penitenciarias en el mundo deben reevaluar casos sin sentencia para evitar contagios graves.
Carreón Herrera consideró que en estos grupos vulnerables deben estar incluidas las personas indígenas y con cualquier tipo de discapacidad. Adicionalmente, la gente de grupos étnicos debe tener acceso a la información de ese derecho en su lengua nativa.
La minuta de la Ley de Amnistía contempla otorgar el perdón a personas que sean sentenciadas por delitos no graves o sin violencia, como la interrupción voluntaria del embarazo, así como delitos contra la salud que hayan cometido personas en situación de pobreza, discapacidad o extrema vulnerabilidad.
También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia, y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
