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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos para adicionar el uso de tecnologías de la información como parte de los medios para captar víctimas y llegar a los consumidores de la trata de personas.
La iniciativa, celebrada y respaldada el mes pasado por la cantante Gloria Trevi, establece que los refugios que atienden a las víctimas deben ser especializados e incorpora como causal de vulnerabilidad la orientación sexual, identidad de género, condición de salud y la pertenencia a pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas.
Señala que en estos casos el delito será sancionado con mayor contundencia, para lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán diseñar y aplicar modelos de atención y capacitación con perspectiva de género y de derechos humanos.
La iniciativa se avaló en San Lázaro por unanimidad de 438 votos a favor, y fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión.
Derechos de personas trans
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, la cual plantea generar derechos exclusivos para ese grupo poblacional, como son programas ex profeso de vivienda gratuita, acceso al empleo con la obligación del Estado para promover puestos directivos para personas trans, el acceso sin costo a la seguridad social con la obligación del Estado a realizar cirugías plásticas, reconstructivas, de reafirmación de género y tratamientos integrales hormonales e, incluso, la oportunidad de que una persona transgénero, acusada por la comisión de un delito evite la prisión a través de medidas afirmativas.
También establece la obligación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a integrar nuevos contenidos en materia de diversidad sexual a los libros de texto gratuitos.
La iniciativa a cargo de la diputada María Clemente García Moreno argumenta que su objetivo fundamental es garantizar el acceso de quienes se identifican como personas travestis, transexuales y transgénero a documentos de identidad, educación, cultura, trabajo, vivienda, salud y justicia.
