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Con el voto en contra del PAN, PRI, MC y PRD, las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados avalaron la minuta con la que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual prohíbe a funcionarios de alto nivel trabajar en la iniciativa privada en los siguientes 10 años tras dejar su cargo, para evitar conflictos de interés.
Cabe recordar que este proyecto, que ya fue enviado al pleno de la Cámara de Diputados para su aval, fue aprobado por el Senado de la República en julio pasado, y en caso de recibir el voto mayoritario de los diputados se enviará al titular del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Los diputados de las comisiones aceptaron las modificaciones hechas por los senadores y el artículo 24 precisa que los servidores públicos que ocupen un puesto superior y que tengan información privilegiada no puedan trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años tras dejar el cargo, para evitar conflictos de intereses y corrupción.
“Prohibir que un funcionario pueda trabajar en algún sector después de 10 años de haber trabajado en el gobierno me parece una aberración. Con esto, si ustedes así lo aprueban, lo que van a tener es servidores públicos de muy mala calidad”, aseguró el priista Fernando Galindo, secretario de la Comisión de Hacienda.
Uno de los artículos polémicos de esta ley es el 61, pues la oposición acusó en el pasado que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá “una partida secreta”, puesto que los ahorros de este ordenamiento se destinarán a los programas sociales o a donde determine el titular del Ejecutivo federal.
“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”, define el artículo 61.
Este dictamen define que los funcionarios ya no tendrán bonos especiales ni podrán hacer fiestas en sus oficinas ni acudirán en estado de ebriedad, ni ingerirán bebidas alcohólicas en horario y centros de trabajo.
También elimina las pensiones para los expresidentes y prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva.
