Por la vía del fast track y con denuncias de “albazo legislativo” por parte de la oposición, las bancadas de Morena, PT y Verde en la Cámara de Diputados aprobaron un decreto para establecer que la difusión de la consulta popular sobre la revocación de mandato “no es propaganda”, por lo que su divulgación por parte de cualquier funcionario público no será considerada ilegal, aun en veda.
Este mismo jueves se presentó el proyecto, no pasó por comisiones y fue directo al pleno con dispensa de todos los trámites y, tras cuatro horas y media de debate, el decreto se avaló por 268 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM y 213 en contra de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, y se turnó al Senado para su análisis.
El proyecto suscrito por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna; el coordinador parlamentario, Ignacio Mier, y el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Rafael Llergo, busca que no haya lugar a interpretaciones por parte del INE, cuyas autoridades recientemente prohibieron difundir el tema de la revocación en redes sociales por considerarlo “propaganda gubernamental”.
Este decreto aprobado “reinterpreta” el concepto de propaganda y establece que los servidores públicos podrán difundir la revocación, “al considerarse información de interés público que no constituye propaganda”.
Al utilizar su mayoría legis- lativa, Morena, PT y Verde dispensaron todos los trámites y así el presidente de la Mesa Directiva bajó de la presidencia para presentar la propuesta en tribuna, lo que fue criticado por la oposición.
“No puede usted violar el procedimiento. Cambiaron el orden del día, lo que usted acaba de hacer no es ético y no es moral”, recriminó la diputada priista Yolanda de la Torre.
Pese a las inconformidades, Gutiérrez Luna hizo uso de la voz y sostuvo que propaganda gubernamental “debe ser entendida cuando existe el uso de recursos que tengan presupuestados para adquirir propaganda”, y dijo que la limitación de hacer propaganda durante las vedas electorales “no debe extenderse a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan servidores públicos”.
Con ello, continuó, se privilegia el acceso a la información de interés público y el derecho a la libertad de expresión, pues actualmente “hay una distorsión” de los órganos electorales “quienes han llegado al absurdo, porque violan garantías de derechos humanos”.
Según el dictamen, el decreto establece que se entenderá como propaganda gubernamental “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público”.
Asimismo, se advierte que: “No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”.
Al respecto, el diputado del PAN, Santiago Torreblanca, advirtió que con el decreto se establece que si no viene de una partida específica destinada a la propaganda gubernamental “no se considerará tal” y entonces una persona puede usar una oficina pública, cámaras públicas, y medios públicos para exaltar su figura, su persona, atacar a sus adversarios y con eso afectar la equidad de la contienda.
“Ojo, esta interpretación no únicamente tendrá efectos para la revocación del mandato, ellos pretenden que en futuros procesos electorales se lleve a cabo estar interpretación y que por lo tanto un gobernador pueda usar los medios de comunicación del estado, el área de comunicación social y todos los recursos que estén expresamente etiquetados para exaltar su figura y a sus candidatos”, aseveró.
La diputada de Movimiento Ciudadano Ivonne Ortega interpuso una moción suspensiva, que fue rechazada, y recordó que cambiar la ley electoral 90 días antes de un proceso no es legal, y esta vez la propuesta “se presenta a menos de 30 días de la consulta de revocación de mandato”.
La diputada perredista Elizabeth Pérez aseveró que el decreto “es una violación directa a los órganos constitucionales”.