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Con el reclamo de la oposición, el Senado de la República aprobó la Ley de Austeridad, que prevé que el Presidente de la República ejerza, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ahorros del plan de austeridad que impulsa el Ejecutivo federal.
En su conferencia mañanera, López Obrador aseguró que los recursos obtenidos por dichas disposiciones se van a reprogramar y será facultad de Hacienda dirigir los ahorros, pues desde hace siete meses es la responsable de ello, y afirmó que hasta ahora se han logrado ahorros de más de 252 mil millones de pesos.
“Ya es una facultad del Presidente. De alguna u otra manera tiene que ver básicamente con Hacienda, quien va a reprogramar y transferir recursos, y yo, al mismo tiempo, le traslado la facultad a la Secretaría de Hacienda”, expresó.
La madrugada de ayer, la Cámara Alta aprobó esta ley. Ahí, los senadores del PAN expresaron que con esta norma se otorga una “partida secreta y discrecional” al Presidente, pues se le entrega un cheque de 90 mil millones de pesos sin obligarlo a transparentar su uso, por lo que dicha ley se debería llamar de la “corrupción republicana”.
“Esta partida secreta, este recurso público de los ahorros que se deja en manos del Presidente, puede ser utilizado electoralmente, como dádiva a cambio de votos, porque la ley no contempla mecanismos claros y transparentes en los que se diga cómo se utilizará el recurso. Es lamentable que no lo entiendan y que de lo que tanto se quejaron lo están magnificando”, dijo desde tribuna la panista Cecilia Márquez a los morenistas.
El artículo 61 de la Ley de Austeridad señala: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
El artículo 24, que sufrió modificaciones, precisa que los servidores públicos que ocupen un puesto superior jerárquico y que tengan información privilegiada no puedan trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años, una vez que dejen el cargo, para evitar conflictos de intereses y corrupción.
La senadora Vanessa Rubio (PRI) lamentó que haya ganado el estómago y no la razón cuando había un trabajo en conjunto que permitía aprobar una ley de austeridad que de verdad sirva a México, y no que perjudique a los funcionarios y que viola la Constitución.
Samuel García, senador de MC, señaló que, si bien la oposición apoya la austeridad, al haberse dado un albazo en comisiones al cambiar el dictamen de última hora irán a la Suprema Corte a presentar acciones de inconstitucionalidad en 11 artículos.
El dictamen que se remitió a la Cámara de Diputados, debido a que sufrió modificaciones, prohíbe a funcionarios la contratación de seguros de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva. Además, busca evitar el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.
Además, elimina las pensiones de retiro a expresidentes distintas de aquéllas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). También se limita el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio de éste.
Sobre la Ley de Extinción de Dominio que también aprobó el Senado, López Obrador sostuvo que permitirá el buen funcionamiento del “instituto para devolver al pueblo lo robado”, ya que antes se desconocía dónde quedaba el dinero de bienes confiscados a delincuentes.
“Aquí se va a informar de lo que se confisque y tengo el informe cada semana de lo que obtienen el Ejército y Marina”, dijo.
