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El Pleno del Senado aprobó un proyecto de decreto por el que se establece el principio de paridad de género en distintas leyes, además de que modifica la integración de órganos internos de las dependencias gubernamentales para generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.
La propuesta, que fue avalada por unanimidad de 103 votos, busca generar espacios en distintas dependencias, a través de medidas especiales, para que las mujeres participen y contribuyan activamente en la vida pública del país.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher , informó que estas modificaciones plasman los principios constitucionales de la paridad de género en el terreno político.
La senadora Gloria Núñez Sánchez , presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, señaló que el trabajo de esta Legislatura ha abierto las brechas para que más espacios sean ocupados por mujeres.
Nestora Salgado García,
de Morena, afirmó que estas modificaciones son un logro en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. “Mujeres en todo, paridad en todo; ni más ni menos”, agregó.
A su vez, Kenia López Rabadán , de Acción Nacional, afirmó que existen muchas mujeres que tienen la capacidad suficiente para ser secretarias de Estado y no se les da la oportunidad. En ese sentido, destacó la aprobación de la propuesta, pues “empoderará a las mujeres para participar en la vida pública del país”.
Por el PRI, la senadora Nuvia Mayorga Delgado , destacó que el documento aprobado pretende reducir la brecha de género, contribuir al empoderamiento de las mujeres en México, y erradicar la discriminación y la exclusión.
También por unanimidad, de 104 votos, se aprobó un proyecto de decreto por el que se modifican diversos ordenamientos, con el propósito de establecer un lenguaje que garantice la paridad de género en el marco jurídico del país y así abrir paso a una nueva visión política que abone a la erradicación de la violencia de género.
El documento señala que el lenguaje es una expresión fundamental de nuestros pensamientos y, al mismo tiempo, un reflejo de nuestra sociedad y nuestra cultura. Pero también es una fuente de violencia simbólica contra las mujeres y las niñas; así como un instrumento sumamente eficaz para invisibilizarlas y discriminarla.
Ambos decretos fueron remitidos al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
También se avalaron, con 106 votos, cambios a la minuta que adiciona el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para que las autoridades garanticen el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo.
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Esto, mediante el diseño de políticas y programas de desarrollo empresarial, industrial y comercial en favor del empoderamiento igualitario entre mujeres y hombres.
La modificación que realizaron las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, consiste en eliminar la última parte del Segundo Artículo Transitorio relativa a: “por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos”.
El Artículo Transitorio Segundo señala que las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto, se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores del gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.
En el documento, se expone que el empoderamiento igualitario entre mujeres y hombres no debe ceñirse solamente al desarrollo empresarial, sino que debe ser integral, incluyendo los ámbitos de la educación, ciencia y económico, que incluya el desarrollo empresarial e industrial.
El proyecto de decreto fue devuelto, con modificaciones, a la Cámara de Diputados.
Por último, se aprobó, también por unanimidad, un dictamen que modifica la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología, así como el impulso de investigadoras profesionales. La propuesta fue remitida al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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