El Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, sigue en proceso de integración, y 27 entidades han aportado sus bases de datos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto luego de que el jueves pasado un juez federal ordenó a la FGR crear el BNDF en un plazo de 40 días hábiles, en apego a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, aprobada en 2017.

Así como el cotejo continuo de la información forense, incluida la genética de los más de 52 mil de cuerpos sin identificar en el país; así lo solicitó el juzgador tras emitir sentencia del amparo promovido por Olimpia Montoya, buscadora de su hermano en Guanajuato.

En una tarjeta informativa, la FGR resaltó que el BNDF, al que se refiere esta ley, es una herramienta nacional de búsqueda e identificación de personas.

Así como para la investigación de delitos que concentra bases de datos forenses de entidades federativas y de la Federación, y de aquellas instituciones que tengan información forense relevante.

Indicó que el instrumento del BNDF que toca a los delitos federales se encuentra integrado y completo en las estructuras tecnológicas de la fiscalía. Esto representa 4% del total de datos a integrar, ya que esa cifra corresponde a la proporción de casos federales, que son de la competencia de la FGR.

Abundó que de las entidades federativas, a las que les corresponde 96% de la información sobre los datos de delitos del fuero común, 27 ya han compartido la información que les es competente, la cual ya está integrada en la Base AM-PM (Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem).

La dependencia remarcó que la base AM-PM, junto con otras bases que actualmente ya son aprovechadas para la búsqueda de personas, está formada por aproximadamente 160 millones de datos federales y locales.

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