Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) consultados por EL UNIVERSAL, y que solicitaron omitir sus nombres, detallan que están en incertidumbre y que lo más preocupante es el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, que se deberá aprobar en la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.
Indican que enfrentarían afectaciones porque la reducción al presupuesto ocasionará el despido de decenas de trabajadores y consideran que por eso la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, quiere dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la ministra en un oficio aceptó el planteamiento del Jefe del Ejecutivo federal para destinar los fondos de los fideicomisos del PJF a los afectados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.
Los trabajadores señalan que ante un posible recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos se estaría generando un daño a los empleados porque se recortarían contratos y mucha gente quedaría desempleada.
Refieren que el paro de labores del 19 al 24 de octubre lo querían extender hasta el 15 de noviembre, cuando se aprueba el PEF.
“Tenemos un verdadero riesgo, el recorte al presupuesto es más fuerte que los fideicomisos, que son ahorros del fondo del retiro, en donde ya no vamos a tener acceso a seguir ahorrando, el problema está en la parte presupuestal… en el PJF no solamente son jueces”, aseveran.
Los trabajadores abundan que dentro de sus funciones se brinda asesoría jurídica legal, laboral, en materia civil, administrativa, entre otras, y remarcan que en estos servicios hay personal de confianza, así como en los juzgados, que realizan labores de apoyo.
Reconocen que los juzgados están sobrecargados de trabajo, por lo que si recortan al personal la justicia va a ser más lenta.
Tras darse a conocer por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) la instalación de una comisión conformada por los tres Poderes de la Unión que permita administrar los recursos de los fideicomisos a través de un fondo de ayuda, los empleados del PJF comentan que están a la expectativa de esas reuniones.
“De ahí va a partir todo, pero si llegan a un arreglo se seguiría una línea y vamos a acatarlo… a lo mejor se podría llegar a un acuerdo con el Presupuesto de Egresos”, precisan.
Rodolfo Martínez, de la firma Trusan & Roma Abogados, considera que en el PEF hay criterios jurisprudenciales donde se establece que tiene una norma general y en ese sentido es procedente el juicio de amparo.
Expresó que este juicio de amparo es procedente a partir del inicio de la vigencia de este presupuesto de egresos y por mandato constitucional el PEF tiene un carácter de anualidad, es decir, cuenta con una vigencia a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
El litigante precisa que la vigencia de este presupuesto de egresos inicia su vigencia el 1 de enero y entonces, aunque fuera publicado, por ejemplo, en diciembre, sería a partir del 2 de enero, que es día hábil, y ese día sería procedente impugnar.
En relación con los fideicomisos, subraya que de manera voluntaria y de acuerdo con las bases de administración, el propio fideicomiso del PJF establece reglas de operación, donde señala los porcentajes que los empleados pueden aportar durante su vida laboral para su jubilación.
“Por ejemplo, un empleado decide aportar 10% de su salario de manera mensual durante su vida laboral en el PJF y tiene una expectativa de 30 años de trabajo y el fideicomiso se va alimentando de esas aportaciones.
“Y cuando llega el momento en que de acuerdo con la ley tiene la oportunidad por años trabajados y edad cumplida de jubilarse, su jubilación se integra con la parte del ISSSTE y con el ahorro que hizo el trabajador para que se dosifique de manera mensual la entrega de los recursos que durante 30 años aportó”, dice el abogado.
Explica que entre 2004 y 2006 se hizo una reforma al régimen de pensiones del servicio público.
Enfatiza que anteriormente en la ley del ISSSTE lo que ahora se conoce como el régimen transitorio se establece un mecanismo para el sistema de ahorro para el retiro y cuando se hace la reforma se crean, además, las cuentas individuales.
Martínez señala que los trabajadores se dieron cuenta de que no convenía, porque las pensiones las daban con el sueldo base, y añade que los sueldos de los servidores públicos se integra por dos rubros: sueldo base y la compensación garantizada.
Agrega que el sueldo base es la parte más pequeña del salario; por ejemplo, un director general con un ingreso de entre 90 mil y 110 mil pesos mensuales tiene sueldo base de entre 18 mil y 20 mil pesos al mes.
Entonces, si una persona se jubila con ese salario le va a tocar al 90% como 16 mil o 17 mil pesos mensuales de pensión.
“De un jefe de departamento con un sueldo de 20 mil pesos mensuales su sueldo base es de 6 mil a 7 mil pesos y si se jubila le van a dar casi nada”, sostiene el representante legal de más 700 trabajadores.
Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, refirió que del salario directo salen las aportaciones.
