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La Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar información relacionada con las denuncias presentadas por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa .
Así lo ordenó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Elegí exponer públicamente este recurso de revisión, debido a que es un tema de interés público para el país, pues está relacionado con presuntos actos de corrupción en dependencias gubernamentales de la actual administración federal. El asunto de Segalmex ha sido señalado como un caso de corrupción, incluso, mayor al de la Estafa Maestra en el sexenio pasado. Esto no es menor, ya que, desde los inicios del actual gobierno, el combate frontal a la corrupción ha sido una de las principales promesas y compromisos”, subrayó la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Al presentar el caso, la Comisionada compartió que, a cuatro años de existencia como organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a Segalmex se le relaciona con posibles hechos de corrupción por el presunto desvío de 9 mil 500 millones de pesos, motivo por el cual las autoridades investigan a 29 servidores públicos y 28 personas morales; además, la dependencia ya ha presentado 30 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, así como otras ocho más, ante otras instancias como la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con su actual Director General; además de que ha estado bajo el escrutinio de autoridades fiscales y judiciales.
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Una persona requirió a la FGR, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 10 puntos de información relacionados con un comunicado oficial donde se dice que existen 38 denuncias presentadas ante esta Fiscalía por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Específicamente, la persona solicitó conocer cuántas indagatorias ha iniciado por posibles hechos constitutivos de delitos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, de enero de 2019 a la fecha; la fecha de cada denuncia, cuál fue la irregularidad denunciada, el número de personas indiciadas, el delito que se investiga, el monto económico o el daño observado que pudiera recaer en un daño patrimonial, el estatus de cada una de las investigaciones, así como cuántas órdenes de aprehensión y de presentación o comparecencia y, en caso, de haber sido judicializadas, indicar número de causa penal y órgano jurisdiccional.
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, contestó cada uno de los puntos. En tanto que, por medio de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, señaló que se cuenta con 50 denuncias relacionadas con lo requerido, contra los tres sujetos obligados, y que la demás información solicitada se encuentra desglosada en documentos inmersos en carpetas de investigación en trámite, por lo que se encuentra clasificada como reservada.
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La persona recurrente señaló como agravio la clasificación manifestada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, razón por la que presentó recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, la FGR reiteró los términos de su respuesta inicial y defendió su legalidad.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI, por unanimidad, determinó modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruyó que, por medio de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, realice una nueva búsqueda de lo requerido por el particular y entregue la documentación que da atención a cada uno de los puntos de la solicitud.
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