La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) enfrenta 453 juicios de amparo por los que podría perder, al menos, más de mil millones de pesos. Esos recursos son exigidos por personas que sufrieron un delito federal o una violación a sus derechos humanos y consideran que la dependencia no las atendió de manera adecuada.
Los demandantes son víctimas directas e indirectas de delitos de años recientes o de hace décadas, pero todos coinciden en que la comisión ha sido omisa en sus funciones o no estuvieron de acuerdo con la compensación económica que recibieron por su condición.
La CEAV enfrenta tres juicios por el caso Tlatlaya, en el cual se señala a elementos del Ejército por presuntamente ejecutar a civiles en una bodega del Estado de México; cinco por la guerra sucia, periodo histórico en el que las Fuerzas Armadas fueron acusadas de participar en hechos de desaparición; 50 por las agresiones que recibió el equipo de futbol Los Avispones la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Otros 63 juicios por el caso Tanhuato, en Guerrero, donde supuestamente 22 personas habrían sido ejecutadas por elementos de la Policía Federal (PF); 82 por la guardería ABC, que en 2009 registró un incendio en el que perdieron la vida 49 menores de edad en Hermosillo, Sonora, y 250 procesos legales por otras violaciones a derechos humanos.
Tan sólo por los 82 asuntos de la guardería ABC, la CEAV ha proyectado que deberá pagar 652 millones de pesos si un juez le concede la razón a los inconformes; en el caso de Los Avispones serían 450 millones, y por la guerra sucia otros 6 millones.
Esta cifra es superior a los 975 millones de pesos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ejerció el año pasado a través de su Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI); esa cantidad es la más elevada que la CEAV utilizó para atender a perjudicados desde su creación en 2014.
Los juicios y los montos a pagar quedaron asentados en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2020 de la Junta de Gobierno de la comisión ejecutiva, reunión que se realizó el 24 de junio de este año a raíz de la renuncia de la titular de la dependencia, Mara Gómez Pérez.
Al encuentro acudieron la Asamblea Consultiva de la CEAV y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, quien consideró que la desatención de los procesos legales provoca la pérdida de los juicios y el debilitamiento del patrimonio de la institución.
Además de los 453 juicios de amparo que la CEAV tenía registrados hace cuatro meses, en la primera sesión extraordinaria se explicó que el Comité Interdisciplinario Evaluador de la institución, encargado de valorar y emitir los dictámenes sobre reparación integral del daño, tenía un rezago de 3 mil 279 resoluciones y eso incrementaría paulatinamente los amparos.
Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene 38 multas contra su titular por un monto de 328 mil 468 pesos, a causa del incumplimiento de las sentencias de un juez a favor de los perjudicados. EL UNIVERSAL buscó a la CEAV para hablar sobre la situación jurídica de estos asuntos, pero la dependencia declinó la solicitud de entrevista, al argumentar que los procesos legales permanecen abiertos.
Piden establecer montos de reparación del daño
Los juicios acumulados en contra de la CEAV se han derivado por la falta de claridad respecto a cuánto dinero se le debe dar a una persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos, coincidieron especialistas en la materia consultados, quienes urgieron al gobierno mexicano a buscar una solución al problema.
“Algo que no se ha hecho es cuantificar lo que es una reparación del daño, es un problema ponerle precio a la vida o a una enfermedad, nadie lo quiere hacer, pero el Estado mexicano debe tener una definición de lo que es una reparación integral y, en segundo lugar, saber cuánto dinero, cómo y quién lo va a dar, porque en teoría hay un sistema nacional de atención a víctimas”, aseveró Juan Pablo Girault, integrante del Consejo Consultivo de la CEAV.
Mientras que Marcos López, abogado de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, coincidió sobre la necesidad de que haya certeza y claridad en los montos a entregar a alguien que ha sido víctima de un delito.
“Las reparaciones del daño son algo muy nuevo en el país; se está construyendo a cada día, con cada determinación, algo nuevo, es un terreno muy poco explorado (...) pero el tema debe ser parte de una discusión general para establecer cuáles son los criterios con los cuales se va a reparar [el daño]”, expresó el abogado.
Los juicios de amparo contra la comisión ejecutiva son apenas una parte de los problemas de la institución: en el actual sexenio ha padecido la renuncia de dos titulares, ha tenido recortes de personal y presupuestal, y en el Congreso de la Unión acaban de aprobar la extinción de su Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Leticia Hidalgo, integrante del Consejo Consultivo de la CEAV, admitió que la situación de la dependencia es crítica y estimó que, en caso de perder todos sus procesos legales, la comisión ejecutiva tendría que pagar hasta 8 mil millones de pesos.
“Cada día que pasa [la CEAV] va acumulando el rezago, las personas encargadas de la institución no pueden atender ese rezago y ya se perdieron muchos juicios que deben pagarse, aún no vemos manera de cómo se pueda hacer”, dijo Hidalgo.
Agregó que muchos juicios de amparo han sido interpuestos contra la comisión porque en años anteriores se entregaron recursos económicos de manera discrecional y desigual, lo cual derivó en un descontento entre las víctimas.
Hidalgo busca a su hijo Roy Rivera Hidalgo, desaparecido desde 2011, y critica que la atención de los gobiernos estatales a las víctimas es muy débil, todo se lo dejan a la CEAV y esta dependencia tampoco ha recibido el respaldo del Poder Ejecutivo federal.
“No buscamos otra cosa en esta crisis de derechos humanos más que la verdad, la justicia y la reparación, esos tres componentes no se han sopesado, no han sentido el peso de lo que representan para México y el Ejecutivo, no le ha dado la seriedad que amerita”, lamentó la especialista.
