La senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz aseguró que a pesar del aumento del consumo de drogas en este sexenio, principalmente anfetaminas, el Congreso de la Unión dejó una deuda pendiente sobre la política de drogas, pues se necesitan medidas que pongan en el centro la dignidad, la salud y los derechos de las personas, además se debe priorizar el bienestar por encima de la criminalización e invertir en servicios de salud para que sean accesibles y de calidad.
“En México la situación es sumamente preocupante con estas sustancias, el uso de metanfetaminas es el más frecuente, el consumo de drogas como el éxtasis, anfetaminas o estimulantes de uso médico, aumentó 218 por ciento de 2017 a 2022, según datos compartidos por el Gobierno en el 2023”, expresó.
Consideró importante replantear el enfoque hacia la salud mental en México, pues en lugar de continuar con las políticas represivas que perpetúan estigmas y excluyen a pacientes con adicciones, es urgente adoptar un modelo basado en el derecho a la salud que reconozca la autonomía de las personas en sus decisiones de tratamiento y que promuevan la investigación y el acceso a terapias innovadoras.
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Durante el foro “Políticas de reducción de daños y tratamiento de adicciones”, realizado en el Senado, Lagunes Soto Ruíz señaló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental; en México se estima que alrededor del 17 por ciento de la población adulta ha experimentado una situación similar.
Agregó que el problema del consumo de drogas es muy preocupante, pues según el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2022, casi 300 millones de personas en el mundo consumieron algún estupefaciente, lo que representa un aumento del 20 por ciento en la última década.
En ese sentido, Lagunes Soto Ruíz celebró que en 2023 se haya creado la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, lo que representa un gran paso en política pública; sin embargo, dijo que se necesitan redoblar esfuerzos, ya que el presupuesto destinado al tratamiento de adicciones y salud mental sigue siendo insuficiente, pues representa apenas el 1.3 por ciento del total del presupuesto de salud.
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