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Senadores y diputados
federales del PRD y PVEM en el marco del repunte de contagios por la pandemia del Covid-19 impulsan reformas a la Ley General de Salud que buscan frenar abusos en la prestación de servicios de salud en hospitales, clínicas, consultorios y laboratorios, ello con el objetivo de incluir como derecho del usuario el tener acceso al costo del tratamiento y la atención médica durante el diagnóstico, así como establecer la obligación del prestador de servicios de salud de mantener precios públicos y que estos no puedan ser modificados.
En una de las iniciativas que se analizan en comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, el legislador del PRD, Miguel Ángel Torres Rosales, propuso reformas dicha ley para que los prestadores de servicios de salud estén obligados a entregar información y orientación al paciente y al familiar que lo acompañe o su representante legal, respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.
En el caso de que exista pago por prestación de servicios de salud, estos deberán ser especificados en la información que se entregue y de ninguna forma podrán ser modificados en cuanto a montos una vez aceptados, precisa.
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Los costos de servicios prestados, así como de materiales y medicamentos, deberán estar expuestos al usuario y coincidir con la información que le fue entregada de manera personal. Los costos no podrán ser mayores a los publicados y puestos a la vista del usuario, agregó el legislador por Zacatecas.
Argumentó que durante la pandemia, en lo cual hay repunte de contagios y hospitalizaciones, la Profeco expuso un encarecimiento en los costos de hospitales privados; del 1 de enero de 2019 al 25 de septiembre de 2021 se atendieron 418 denuncias en contra de hospitales y clínicas.
Reportó el encarecimiento de costos de servicios de hospitales privados entre 15 y 20 por ciento, frente a una inflación en 2020 de 2.83 por ciento y de 7.36 por ciento para 2021, así como el cobro de servicios no autorizados por el paciente o cuyo costo no fue oportunamente informado, subraya.
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Torres Rosales, indicó de acuerdo con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), las quejas se dividen: 32.1 por ciento, por tratamiento médico; 23.9 por ciento, por los diagnósticos arrojados; 20.4 por ciento, tratamientos quirúrgicos; 11.3 por ciento, por la relación médico/paciente y 12.3 por ciento entre otras.
Por su parte, la senadora del Partido Verde, María Graciela Gaitán Díaz, exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a realizar inspecciones en hospitales y clínicas privadas para evitar cobros excesivos y en su caso sancionar conforme a ley.
Indicó que existen denuncias ciudadanas de que en hospitales y clínicas privadas piden a familiares de enfermos de Covid-19 firmar pagarés en blanco o depósitos en efectivo de hasta 150 mil pesos para poder atenderlos, al igual que hacen con pacientes con otras enfermedades
Esto a través de un Punto de Acuerdo presentado en el Senado de la República, donde expuso que existe evidencia de que los depósitos, para que los pacientes puedan ser tratados, son excesivos y totalmente alejados de las realidades económicas de las personas, así como que se les obliga a firmar pagarés, a efecto de garantizar el pago y hacerlo ejecutable con posterioridad, dichos depósitos oscilan entre los 150 mil y los 400 mil pesos dependiendo del hospital privado.
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