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Retenciones incompletas de impuestos, pagos a proveedores sin respaldo documental, o contratos y erogaciones por encima de la programación plagaron la construcción de obras públicas a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que suman 90 millones de pesos.
La información es parte de un reporte de auditoría, un anexo contable y dos tarjetas informativas contenidos en la filtración de correos electrónicos de Sedena que hizo el grupo Guacamayas y que fueron consultados por el reportero. El texto aborda 728 expedientes de contratación de obras y materiales de la pista 1, de la torre de control 5 y de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). También se revisan dos instalaciones de la Guardia Nacional y 17 sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México.
A cargo del área de Seguimiento de Obras Prioritarias del Gobierno de la República del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, la auditoría detecta desorganización y falta de conocimiento de procedimientos de adquisición, atribuibles a la premura del desarrollo de las obras.
Encontró también “errores” en el Banco del Bienestar y la Guardia Nacional que “no se habían observado con anterioridad”, similares a los reportados en el AIFA. El documento no permite conocer si las irregularidades fueron solventadas.
Por los hallazgos se ordenó a la Dirección General de Ingenieros aplicar “correctivos disciplinarios” a los coroneles José Cruz Vargas Rangel y Benito Pavón Varela, pues los procedimientos de adquisición presentados para la supervisión incumplen con los lineamientos de la normatividad de adquisiciones, y al capitán Manuel Alvarado Zárate, por presentar sólo ocho expedientes de la totalidad de sus procedimientos de compra para la construcción de cuatro sucursales de Bancos del Bienestar.
Pidió la corrección de la totalidad de observaciones en un plazo no mayor a 30 días naturales y, de no resolverse, trasladará el expediente a la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, para que determine las probables responsabilidades administrativas o legales.
Alertó que, de no corregirse las observaciones, los ingenieros responsables de obras podrían exponerse a responsabilidades administrativas o económicas.
Se informa que en el levantamiento de la torre de control del AIFA, Concretos TPM-Fortaleza, S.A de C.V., y Leonardo Abel Reyes Villela recibieron 5 millones 906 mil 941 pesos adicionales al monto estipulado en contratos.
