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Por segunda ocasión el excandidato presidencial Ricardo Anaya consiguió un mes más para preparar su defensa contra la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene preparada por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Esta acusación derivó de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien señaló a varios políticos de corrupción y en especial al panista por supuestamente recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética.
Ayer, Anaya Cortés compareció por videoconferencia en una audiencia en la que la FGR tenía previsto formular imputación y pedir su vinculación a proceso.
Sin embargo, el pasado viernes 1 de octubre la FGR entregó a la defensa del panista un legajo de mil hojas que agregó a la investigación.
Por ello, Eduardo Aguilar, abogado de Anaya Cortés, solicitó al juez más tiempo para revisar los documentos que le fueron entregados a la defensa, por lo que la audiencia fue reprogramada para el próximo 8 de noviembre a las 9:00 horas.
Durante la diligencia, el juez observó que los abogados y Anaya Cortés se conectaron desde sitios distintos, por lo que los exhortó a que en la siguiente audiencia comparezcan conectándose desde el mismo lugar físico.
En agosto pasado, cuando la FGR intentó por primera vez imputar a Anaya Cortés, informó al juez que se tiene registro de la salida del país del panista rumbo a Texas, Estados Unidos, y que no había reportes de su regreso.
Entonces, el juez indicó que aunque la audiencia se realice por videoconferencia, está obligado a conectarse desde territorio nacional.
Horas antes de iniciar la audiencia, Anaya Cortés publicó un video en Twitter en el que reveló que el pasado 1 de septiembre de 2021, la FGR ordenó reabrir la carpeta de investigación iniciada en su contra en 2017 por enriquecimiento ilícito y lavado.
Esa carpeta de investigación, número FED/SEIDO/UEORPIFAM- CDMX/0 000979/2017 está relacionada con la adquisición de diversos bienes y operaciones financieras de la familia de Anaya Cortés y vinculada a la compraventa de una nave industrial en Querétaro, de cuya operación se señaló, el excandidato panista salió beneficiado económicamente.
Sin embargo, en 2018 la entonces PGR decretó el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos.
Anaya Cortés calificó de absurdo que a cuatro años de esa acción de la PGR, se intente investigar otra vez y acusó que eso fue ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Esta fiscalía tramposa obedece en todo a López Obrador”.
