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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará cuatro amparos promovidos por el gobierno de Chihuahua, con los que se busca que ese estado sea reconocido como víctima tras el presunto desvío de 250 millones de pesos realizado por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción para que conozca el caso y resuelva el fondo del asunto, pues consideró que los hechos tienen trascendencia jurídica que ameritan la intervención extraordinaria de la Suprema Corte.
El desvío millonario que reclaman las autoridades estatales se habría efectuado durante la administración de César Duarte, que hoy se encuentra prófugo de la justicia mexicana.
Los amparos que atrajo la Suprema Corte fueron interpuestos por la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda de Chihuahua,
Además de analizar si la entidad puede considerarse como víctima, la Suprema Corte también estudiará si el sobreseimiento solicitado por la antigua Procuraduría General de la República (PGR), con el cual se suspendió la investigación contra Alejandro Gutiérrez, fue conforme a derecho.
Este último hecho ocurrió en septiembre del 2018, cuando la PGR argumentó que la Fiscalía General de Chihuahua no tuvo elementos suficientes para seguir el proceso jurídico contra el presunto culpable.
Al término de la audiencia de la Primera Sala, Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, comentó que hay elementos suficientes para que la SCJN resuelva a favor del estado norteño y se le considere víctima.
“Hay auditorías y oficios de la Auditoría Superior de la Federación, de la Procuraduría Fiscal, [en los que] dice que el recurso [desviado] es estatal, eso ya lo aportamos como prueba. No es un recurso de carácter federal, es estatal porque ya entró a la bolsa del estado”, afirmó el funcionario.
Añadió que no acudieron al máximo tribunal por una persecución política contra Alejandro Gutiérrez, sino “para reclamar lo que en derecho le corresponde al pueblo de Chihuahua que son esos 250 millones.
“El tema de la persecución política es una cortina de humo para tratar de desviar la atención de lo que realmente sucedió, ha quedado demostrado que se desviaron 250 millones de pesos. No sólo en este caso hemos actuado en la Operación Justicia para Chihuahua, hay alrededor de 25 detenidos y un combate importante sin importar colores ni partidos”, expresó.
