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Ante la respuesta gubernamental sobre la invalidez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del decreto que priorizaba a las obras de seguridad nacional, tales como el Tren Maya o el Tren Interoceánico, entre otras obras aeropuertarias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó la confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial que empezó desde el año 2021.
En su análisis detallan que el fallo de la Corte atiende a una controversia constitucional que buscó el INAI tras la emisión del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2021.
De acuerdo con el IMCO, el acuerdo vulnera el derecho al acceso a la información y genera opacidad en el uso de recursos públicos, ya que no permite que exista el ejercicio de rendición de cuentas, por lo que ahora el organismo podrá obtener la información a la que no tenía acceso.
Así como destacan la atención a la demanda del INAI, también resaltaron que con esta acción el Poder Judicial demostró que "es un contrapeso efectivo en el ejercicio del poder" y además protege a otro contrapeso en el aspecto de la democracia.
Sin embargo, remarcan que el reto al que se enfrenta la SCJN es deliberar el segundo Decreto con el que el líder del ejecutivo clasifica al Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum de seguridad nacional, por lo que no viola el derecho al acceso a la información.
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Asimismo, exponen que tendrán que determinar las consecuencias de las acciones de constitucionalidad y el desacuerdo con el primer artículo que aplica únicamente para el INAI.
La siguiente discusión de la SCJN, será el 22 de mayo, en donde se debatirá el alcance de la invalidez sobre el derecho al acceso a la información para la población.
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