Especialistas en temas educativos consideran que la ampliación de la cobertura de educación superior a 330 mil lugares más en planteles que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es sólo una buena intención del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pues aseguran que la oferta en las universidades De la Salud Rosario Castellanos y Del Bienestar Benito Juárez García no representa una opción para los jóvenes por su falta de calidad educativa, pues desde la creación de esta última, por ejemplo, sólo se han titulado 5 mil estudiantes.
Consideran que esta propuesta sexenal requerirá de 11 mil 300 millones de pesos más al presupuesto que se destina a esas instituciones educativas, además de ampliar la plantilla docente.
“La Presidenta aseguró en su conferencia matutina de este miércoles que existe una disponibilidad de 5 mil millones de pesos, pero no sé cómo van a alcanzar para jornada ampliada, para espacios de la media superior y para estos 330 mil espacios de educación superior. El diablo siempre está en los detalles”, comenta Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Detalla que en esas escuelas predomina la precariedad en la enseñanza, lo que repercute en el abandono de los estudiantes.
Recuerda que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se planteó alcanzar una cobertura de 50% en educación superior. Sin embargo, sólo se alcanzó 44%.
“Por los 330 mil alumnos adicionales que se contemplan, llegaríamos a una cobertura de 48%, ni siquiera el 50% establecido en el sexenio anterior. Eso habla de que no van a ser suficientes los esfuerzos con lo que se tiene planeado”, agrega.
Fernández también se pregunta: “¿Cuál es el personal docente que se va a contratar para poder enseñar esas licenciaturas que se están planteando? Esta no es una pregunta retórica, porque sabemos del lado de las universidades Benito Juárez que el personal docente es contratado en condiciones precarias. Eso incluso llevó a la protesta de los propios alumnos, denunciando que dadas las condiciones precarias de sus maestros y de las instalaciones no estaban siendo adecuados los conocimientos que recibían.
“Son buenas intenciones para los chavos, sin duda, pero no se ha comprobado la eficiencia ni la calidad en esas escuelas”, sostiene.
En su reporte Evaluación integral de la política social vinculada al derecho a la educación 2023-2024, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que la falta de acceso a la educación superior es una problemática que afecta significativamente a un alto porcentaje de jóvenes en México, especialmente aquellos de 18 a 24 años.
“Esta realidad se evidencia en la escasa oferta educativa en el nivel superior, donde la razón de instituciones por cada mil jóvenes para este grupo etario fue de apenas 0.6 para el ciclo escolar 2022-2023”, resalta.
Al igual que Marco Fernández, Fernando Ruiz Ruiz considera que el proyecto del gobierno de Claudia Sheinbaum es una buena noticia, aunque preocupante.
“Es una buena noticia que también genera preocupación, porque son opciones en instituciones educativas recientes que están poco consolidadas y que tienen muchos problemas de calidad. Ese es uno de los riesgos que no veo cómo lo van a solucionar, porque están hablando nada más de ampliación de cobertura y me parece que están dejando de lado la viabilidad de la calidad de esas opciones formativas”, sostiene.
Resalta que existe el riesgo de estar financiando esta ampliación con opciones de poca calidad y de baja inversión.
“Es la continuación de las escuelas pobres para pobres, eso es preocupante. Así como la Presidenta dijo ‘la educación es un derecho y no se puede discriminar, como se hizo en el periodo neoliberal’, pues precisamente porque es un derecho no puede haber de primera y de segunda. Todo joven debe aspirar a tener la mejor educación superior de calidad. Me parece que nada más están dando cifras propagandísticas”, acota.
Académica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Alma Maldonado considera que en este proyecto para ampliar la cobertura de educación superior no se tomó en cuenta a las universidades públicas o federales.
“Las grandes ausentes de la discusión son claramente las universidades públicas autónomas o las federales, que son además las que tienen la mayor demanda. Y parece ser que la política de este gobierno va a ser igual a la anterior, que es exigirles que abran más lugares sin incrementar el presupuesto, porque de presupuesto no se habla nada”, menciona.
Destaca que no existe información clara sobre cómo operan las universidades Del Bienestar Benito Juárez, De la Salud y las Rosario Castellanos, por lo que asevera que es una apuesta a ciegas.
“Es una apuesta como un tanto a ciegas, porque deberíamos de conocer mejor qué seguimientos, qué evaluaciones se están haciendo en estas instituciones para poder considerar que funcionan. Entonces, creo que es preocupante la descoordinación que aparece con otros sistemas”, señala.
Para Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, la intención de incrementar la matrícula sin arroparla con mayor inversión generará problemas de hacinamiento y detrimento de los servicios públicos educativos, en menoscabo de la formación que reciban los estudiantes de educación superior.
“Aspirar al incremento de la cobertura en educación superior bajo el principio de gradualidad es incontrovertible, pero hay que tener presente la serie de limitaciones en infraestructura, equipamiento, conectividad y plantillas de personal existentes en las instituciones de educación superior que forman parte de la SEP”, refiere.