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La aprobación en la Cámara de Diputados de la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), así como de los plazos de los consejeros de la Judicatura Federal, es violatoria del estado constitucional y establece un alarmante precedente en torno a la temporalidad de los cargos públicos, consideró el Consejo General de la Abogacía Mexicana.
Integrado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados – ANADE- y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el Consejo afirmó que se trata de una modificación normativa de nivel secundario que contraviene preceptos expresos de nivel constitucional de manera “arbitraria” e “injustificada”.
“La aprobación de este artículo transitorio violenta los fundamentos del estado constitucional y democrático de derecho y establece un alarmante precedente en torno a la temporalidad, independencia y legalidad a las que debe sujetarse el ejercicio de los cargos públicos en nuestro sistema de gobierno, y muy particularmente, aquellos que son de especial trascendencia para el Estado mexicano, como es el caso de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura”, señaló.
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Recordó que en 2016, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se opuso a las ampliaciones de los encargos de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“La independencia judicial exige que el Congreso no pueda desplegar su acción legislativa respecto de las condiciones de los nombramientos de los titulares de un tribunal”, afirmó Zaldívar Lelo de Larrea en su posicionamiento respecto con motivo de acciones de inconstitucionalidad promovidas ante el decreto que autorizaba las ampliaciones de los cargos de los magistrados del TEPJF .
