El presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, discreparon tras la decisión del pleno del Máximo Tribunal de invalidar la prisión preventiva de oficio para quienes cometen delitos fiscales como defraudación fiscal, contrabando y factureros.
López Obrador criticó la decisión de la Corte porque eso significa proteger la corrupción, a las minorías y que los “fifís” no vayan a la cárcel; en contraste, Zaldívar esgrimió que la mayoría de personas sujetas a prisión preventiva son de escasos recursos y que esta medida se trata de una condena sin sentencia, “que por regla general castiga la pobreza”.
Así, en su conferencia de prensa de ayer el presidente López Obrador indicó: “[La sentencia de la Corte] va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y seguir apoyando a las minorías. Es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de Salinas de Gortari se cambió el Código Penal”.
Tras aceptar que su gobierno acatará el fallo, reiteró que esta decisión del Poder Judicial sigue protegiendo a las minorías y castiga a quienes no tienen agarraderas con que comprar su inocencia, “me parece que no se actuó bien”. Criticó que ahora los delincuentes de cuello blanco y los fifís no pueden ir a la cárcel. “Se trata de delincuentes de cuello blanco”, dijo.
López Obrador destacó que el fallo tenía tres maneras de entenderse: la primera, que en el país hay división e independencia en los poderes, como no sucedía antes en décadas porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo. “Esa es una primera lección para los que no creen en la transformación”.
La segunda es que aún hace falta que en el Poder Judicial y la Corte se castigue por igual a todos lo que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero y de los poderosos; la tercera es respetar la decisión de la Corte, pues en México hay un verdadero Estado de derecho.
Expresó su confianza en el ministro presidente Arturo Zaldívar, con quien tiene puntos de vista distintos. “Yo sostengo que por encima de la ley debe de estar la justicia”, dijo.
En el marco de la discusión en la que la Corte determinó invalidar la prisión preventiva de oficio para quienes cometen delitos fiscales como defraudación fiscal, contrabando y factureros, el ministro presidente aclaró su postura con relación a esta medida cautelar en general.
“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, indicó en Twitter.
El ministro presidente dijo que en México desde hace mucho tiempo se ha abusado de la prisión preventiva, debido a que en ocasiones se detiene a las personas para investigarlas.
“Esto ha afectado, sobre todo, a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado de calidad, por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicta en automático sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Esto no implica que sin prisión preventiva oficiosa los delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país estén en libertad, lo único que significa es que en estos casos o el juez tendrá que dictar una resolución que justifique y fundamente que una persona deba estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad”, precisó mediante un video difundido en dicha red social y en TikTok.
