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El Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó a la Cámara de Diputados, una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, a fin de que los recursos obtenidos por las visas de extranjeros, puedan ser destinados para invertir en a proyectos ferroviarios o aeronáuticos, como lo son el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros, así como al Instituto Nacional de Migración (INM).
El proyecto suprime el apartado cuarto del artículo 45 de la Ley general de Turismo, que permitía que los ingresos fiscales por la recaudación del derecho de estancia a las personas extranjeras, fueran enviados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
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En su lugar, se establece que esos recursos irán al patrimonio de un fideicomiso público federal sin estructura que deberá ser constituido.
Así, el 20% de la recaudación, irá al Instituto Nacional de Migración “para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona”.
El 80% restante “se destinará para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal cuyo objeto sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turisticos, culturales, entre otros de diversa índole”, así como para los programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de los proyectos y de la infraestructura a cargo de dicha entidad.
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Lo anterior, permitiría que la recaudación por visas de extranjeros, vaya directo al Tren Maya, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a la construcción de un nuevo aeropuerto en Tulum, entre otros.
En su argumentación, el Presidente sostiene que el Gobierno de México tiene el compromiso de establecer políticas públicas y ejecutar proyectos de infraestructura “que sean acordes al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional bajo los principios de solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación, todo ello para consolidar el bienestar del pueblo de México”
En sus artículos transitorios, la iniciativa señala que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que el fideicomiso público federal deberá constituirse dentro de los 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Asimismo que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del Decreto, “se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables de su aplicación, por lo que en ningún caso se autorizarán ampliaciones a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal ni en subsecuentes”.
Con información de Enrique Gómez
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